El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) enfrenta un desafío creciente con el robo de agua en varios barrios de la capital, una práctica conocida como «agua no contabilizada» que está generando preocupación entre los ciudadanos y las autoridades.
El problema se centra principalmente en asentamientos del Gran Área Metropolitana (GAM), donde se han descubierto conexiones ilegales de tuberías que desvían el suministro sin pasar por los medidores. Esta situación, según el presidente ejecutivo de AyA, Juan Manuel Quesada, representa un grave problema social y económico.
Quesada explicó que, a pesar de los esfuerzos del AyA por controlar estas prácticas, muchas comunidades se benefician de estas conexiones ilegales, compartiendo el costo del servicio entre varios hogares o simplemente no pagando por el agua que consumen. Esta situación ha llevado a que aproximadamente el 57% del agua distribuida por el acueducto no sea contabilizada adecuadamente, afectando significativamente las finanzas y la operación del instituto.
El AyA reconoce que, aunque le gustaría poder cobrar de manera justa por el agua suministrada, la complejidad de la situación social y las limitaciones institucionales impiden una solución rápida. Quesada destacó que la eliminación del suministro de agua en estas áreas no es una opción viable debido a las repercusiones sociales y de salud pública que ello conllevaría.
Los residentes de estas comunidades, consultados por DIARIO EXTRA, expresaron su frustración por la situación, señalando que mientras algunos pagan regularmente por el servicio, otros se benefician de las conexiones ilegales sin consecuencias. Esta disparidad genera tensiones y críticas hacia el AyA, con llamados a una mayor acción y vigilancia por parte de las autoridades.
Fuente Diario Extra
