Martha Rodríguez, directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aseguró ante los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales que se debe eliminar la figura de la presidencia ejecutiva.
Para defender la autonomía de la Caja es vital prescindir de la presidencia ejecutiva, la figura de la presidencia ejecutiva no es compatible con la autonomía política de gobierno y administración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esta figura ha sido utilizada por el gobierno para dirigir políticamente a la Caja en lugar de hacerlo técnicamente, lo que compromete la independencia y la eficiencia de la institución, expresó.
La aseveración la hizo en el marco de la discusión del expediente N. 24025 “Reforma del artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS, Ley para restituir la autonomía constitucional de la CCSS“, proyecto del Frente Amplio que busca eliminar que el Poder Ejecutivo sea quien nombre a la presidencia ejecutiva.
Para Rodríguez, el principal problema con la figura es que permite al Gobierno tomar la dirección de la Caja “conforme a intereses espurios”, ya que se ha dado control político sobre la institución. A la líder sindical esto le preocupa porque la CCSS debería operar con independencia para garantizar la adecuada administración de los seguros y la correcta prestación de los servicios.
Además, agregó que las instrucciones directas del Gobierno ha dificultado la toma de decisiones dentro de la Junta Directiva de la CCSS. “Esta situación se agrava cuando la presidencia ejecutiva podría manipular información y el enfoque de los informes que conoce la Junta Directiva, como ocurrió recientemente en marzo de 2023, que paralizó las inversiones y infraestructura perjudicando a la ciudadanía”, manifestó.
Para Rodríguez, la presidencia ejecutiva está obligada a tener lealtad política con el Consejo de Gobierno, encargados de nombrarla y removerla, por lo que se podría dar un conflicto de intereses y resistencia a cobrar la enorme deuda del Estado con la institución sanitaria.
Modificar la ley es absolutamente necesario (…) La Caja ha sido blanco de embates provenientes del Gobierno, convirtiéndola en un motín político donde prevalecen los intereses corporativos sobre los institucionales.
La falta de quorum legal en la Junta Directiva ha impedido tratar temas estratégicos para la continuidad de la institución y las últimas designaciones incumplen los requisitos legales, evidenciando un desconocimiento institucional.
Celebro la iniciativa de reformar la ley suprimiendo la figura de la presidencia ejecutiva para garantizar la autonomía de la Caja y evitar la injerencia política en su gestión, concluyó la directiva.
Source
Ambar Segura
