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El juicio en contra de la peligrosa banda narco conocida como “Los Gary/Gery” se mantiene en un impasse mientas se resuelve la solicitud que hicieron sus miembros, mediante los abogados defensores, para separar a los tres jueces del Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), que están a cargo del caso.
Hoy martes se retomó el debate sin mayores pormenores: otro grupo de jueces escuchó los alegados de la agrupación para querer recusar a los juzgadores, quienes también tuvieron la posibilidad de explicar sus argumentos. Ahora se espera una resolución, que se notificará por escrito.
Fue el pasado viernes cuando la organización criminal pidió hacer a un lado a los jueces debido a que rechazaron la posibilidad que los sujetos llegaran a un acuerdo con el Ministerio Público, que les permitiera obtener una condena de cárcel reducida a cambio de aceptar los cargos.
Mientras no se resuelva la recusación para saber si los juzgadores siguen o no a cargo, el inicio formal del juicio no puede ocurrir.
Una recusación es la herramienta legal que tienen los implicados durante un proceso penal, cuando consideran que existen razones que le impiden a un juez tramitar una diligencia o intervenir en un proceso.
La razón para pedir la separación, es que los sospechosos dudan de la imparcialidad de los miembros del Tribunal porque estos rechazaron la posibilidad de que los miembros de la banda se sometieran a un procedimiento especial abreviado, para evitar el juicio de 6 meses.
Este proceso consiste en que los acusados aceptan los hechos por los cuales fueron llevados a juicio, a cambio de una sentencia de cárcel más baja y así, evitarse el debate oral y público de un enjuiciamiento.
Como los jueces consideraron que ya no era tiempo de abreviar y rechazaron un recurso de revocatoria contra su decisión, entonces los abogados presentaron la petición de recusación. Inclusive, dos de los sospechosos tomaron la palabra el viernes y hablaron sobre las dudas que les generan los jueces.
Tanto la intención de abreviar como el posible arranque formal del juicio, con la lectura de los hechos que el Ministerio Público reprocha a los sospechosos, quedarán congelados mientras esto se resuelve.
Cabe señalar, que para los jueces ya no es oportuno abrir la puerta a un procedimiento especial abreviado, porque consideran que el periodo que establece la ley ya pasó.
Los defensores de la agrupación criminal no comparten esta tesis y, por el contrario, consideran que al no haberse leído la acusación de la Fiscalía, entonces el juicio no ha iniciado formalmente y aún tienen tiempo de abreviar. Por eso refutan la posición de los jueces.
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Al menos 25 sujetos dispuestos a negociar una pena reducida. Entre ellos, Gary Campos Barrantes, uno de los cabecillas de la agrupación acusada de narcotráfico, venta de estupefacientes y delitos contra la vida.
A él se suman unas 2 decenas de sospechosos, de apellidos Jiménez Bastos, Córdoba Fallas, Mora Agüero, Fallas Ramírez, Mora Ramírez, Delgado Gamboa, Segura Mejías, Solano Miranda, Cubillo Cordero, Rojas Madrigal, Pérez Cordero, Vargas Cascante, Gómez Flores, Conejo Bonilla, Alvarado Flores, Morales Navarro, Morales Ramírez, Pérez, Sandoval Rodríguez, Loría Solís y Rodríguez Quesada.
CR Hoy conoció mediante fuentes judiciales, que la condena negociada contra los miembros de la banda “Los Gary/Gery”, rondaría entre los 6 y 8 años de cárcel por hechos de narcotráfico, previa autorización de los altos mandos del Ministerio Público y un aval de los jueces. Este embrollo no ha permitido el comienzo formal del juicio.
Son en total 31 sospechosos que afrontan este proceso. A la agrupación se le acusan de varios delitos, entre homicidios calificados y venta, almacenamiento y transporte de droga, según el Ministerio Público.
La investigación, llevada a cabo por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a cargo Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), se remonta al 2018.
Supuestamente, los imputados conformaron una organización criminal se dedicó a adquirir, poseer, traficar, distribuir, preparar, dosificación y comercializar drogas de uso no autorizado a nivel nacional, pero se movían principalmente en puntos de la provincia de Cartago, en el cantón de La Unión, San Pedro de Montes de Oca y hasta en Quepos.
Únicamente 9 de los imputados están bajo prisión preventiva, mientras que los demás permanecen en libertad.
Source
José Adelio Murillo
