Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, porta una gorra alusiva a la UEI durante una gira presidencial a Guanacaste en noviembre de 2024. Foto: Casa Presidencial
El decreto ejecutivo sobre el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), policía adscrita al Ministerio de la Presidencia, obliga a que los funcionarios del departamento de Operaciones acaten y ejecuten directrices (y órdenes) giradas por el propio presidente de la República (Rodrigo Chave Robles, en la actualidad).
Así lo define el artículo 9 del reglamento sobre las competencias y competencias del departamento de Operaciones de la UEI.
El decreto ejecutivo N° 44637 MP firmado por Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Laura Fernández Delgado, ministra de la Presidencia, fue publicado este jueves 21 de noviembre en el diario oficial La Gaceta.
El departamento de operaciones tiene como funciones planificar, supervisar y participar en los diferentes operativos policiales de alto riesgo, en los cuales se requiere de la intervención UEI.
Entre estos, se citan textualmente: allanamientos; vigilancias especiales por motivos de narcotráfico, terrorismo; operaciones encubiertas y de montaña. Protección a los miembros de los Supremos Poderes y dignatarios que estén de visita oficial dentro del país, atender las acciones de violencia, fuga de reos; búsqueda y rescate de rehenes; persecuciones que sean espontáneas y generen un alto grado de violencia; colaborar en la detección y desactivación de explosivos; buscar y rescatar en caso de calamidad y/o conmoción pública, a personas y bienes en coordinación con grupos organizados de ayuda humanitaria.
El departamento de Operaciones estará conformado por las oficinas de Armería, Explosivos, Comunicaciones, transportes, Materiales Radioactivos, Inteligencia Táctica, oficina canina, anfibios, Tiradores de alta precisión (TAP o francotiradores), Operadores Tácticos, capacitación, Tecnologías de la Información y, se abre la puerta a crear “cualquier otra que requiera para el debido funcionamiento”.
El artículo 9 del reglamento, que delimita las funciones y competencias del departamento de Operaciones, señala que esa oficina debe “acatar y ejecutar las directrices y órdenes emitidas por el director o subdirector general de la UEI, o en su defecto, las indicadas por el presidente (a) de la República y el ministro (a) de la Presidencia”.
Además, según ese mismo artículo, esta oficina deberá “atender y resolver las solicitudes y consultas técnico-tácticas y administrativas” que sean presentadas por el presidente de la República, el jerarca del Ministerio de la Presidencia o las demás jerarquías de la UEI.
Numeral del artículo 9 que hace referencia a las atribuciones de la dirección de Operaciones de la UEI. Captura de pantalla/La Gaceta
¿Qué es la UEI y qué hace?
La UEI nació en 1982 en el contexto de la contrarrevolución de Nicaragua, durante la Administración Monge Álvarez (1982-1986), como una de las fuerzas especiales bajo tutela del Ministerio de la Presidencia.
Históricamente, se ha especializado en operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. También, ofrece protección a jerarcas de los Supremos Poderes, funcionarios de gobierno o dignatarios extranjeros que visitan el país.
Según el nuevo reglamento, la UEI mantiene como objeto la competencia de los operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, el nuevo texto también amplía y puntualiza algunas de las atribuciones que ya tenía la dependencia según un decreto ejecutivo publicado en 2005 durante la Administración Pacheco de la Espriella (2002-2006).
La organización administrativa de la unidad será la siguiente: dirección general, asesoría jurídica, departamento de Operaciones, departamento de Recursos Humanos, departamento Financiero y de Adquisiciones, departamento de Protección Presidencial, Unidad de Archivo Institucional y “cualquier unidad que se requiera para el debido funcionamiento, siempre en apego a las competencias”.
El artículo 2 del nuevo reglamento mantiene uno de los aspectos contemplados en el decreto de 2005 y que apunta que, por lo específico de las funciones, para la realización de un operativo, se deberá contar con la previa y expresa autorización del presidente de la República, la cual procurará obtener el director general de la UEI y en ausencia de este, el subdirector o el encargado del Departamento de Operaciones.
“Esta autorización será girada por cualquier medio físico o digital que garantice la integridad y autenticidad de la prueba, de inmediato se hará constar en un libro especial llevado al efecto, en estricto orden cronológico, suscrito únicamente por quien obtuvo la autorización, quien también custodiará bajo la estricta responsabilidad de su oficina la prueba de autorización. Todo sin perjuicio de la necesaria movilización del personal para la pronta y efectiva atención de la situación de peligro, previo a la orden de ejecutar el operativo; sin la cual la Unidad no podrá actuar”, detalla ese artículo.
Artículo 2 del reglamento publicado este 21 de noviembre. Captura de pantalla/La Gaceta
Potestad discrecional
El nuevo reglamento recalca que el director y el subdirector general de la UEI serán nombrados exclusivamente por el presidente de la República. Un cambio relevante en comparación con el reglamento previo de 2005, el cual también daba la potestad de los nombramientos al ministro de la Presidencial.
Con el decreto nuevo se reforma el artículo 10 del decreto ejecutivo 41096-MP-SP, “Reglamento sobre grados policiales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Unidad Especial de Intervención”, publicado el 3 de mayo de 2018, y se incluye la potestad para que el presidente de la República y el ministro de la Presidencia de manera discrecional puedan otorgar el rango policial correspondiente vía Acuerdo Ejecutivo según la urgencia y la necesidad que posea la institución, en aras de garantizar la continuidad del servicio público”.
Artículo viejo
Artículo nuevo
El nuevo reglamento responde a la propuesta de reorganización de la UEI solicitada por Natalia Díaz Quintana, entonces ministra de la Presidencia, el 27 de octubre de 2023 y que respondió a un informe técnico remitido el 1° de noviembre de 2023 por el Ministerio de Justicia y Paz, cuyo jerarca es Gerald Campos Valverde, quien fue subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La “reorganización interna parcial” fue aprobada el 12 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) dirigido por Laura Fernández Delgado, quien también ostenta el cargo de ministra de la Presidencia.
Polémicas recientes
Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva suspendida de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue objeto de cuestionamientos por parte de diputados por utilizar en enero de 2024 a escoltas de la UEI durante una visita a la Asamblea Legislativa para participar en una audiencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
Jeffrey Cerdas Lobo, director de la UEI, alegó en un oficio enviado el 6 de febrero a Paulina Ramírez, diputada del PLN y presidenta de ese foro legislativo, que la asignación de escolta fue para proteger a Esquivel del asedio de periodistas. La solicitud la hizo la misma funcionaria, tras haber denunciado inconvenientes con la prensa durante una visita previa.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga una denuncia penal sobre la presunta existencia de una red de “espionaje político” a través de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de la Presidencia.
La queja, bajo estudio del Ministerio Público, señala que esta célula se encargaría de “espiar” a adversarios políticos del mandatario, entre los cuales figurarían diputados, magistrados y fiscales.
En el documento de la denuncia se advierte que este grupo estaría a las Cerdas Lobo y de la UEI de Casa Presidencial. También, contaría estaría encabezado por Eduardo Guzmán, exfuncionario del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y actual miembro de los cuerpos policiales del Ministerio de la Presidencia.
Además, se señala que esta célula habría utilizado algunos de los vehículos decomisados por el narcotráfico, gestionados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y prestados a la Casa Presidencial bajo convenio de cooperación.
El presidente Chaves afirmó el 24 de octubre que “no puede avalar lo que no existe” y desacreditó los elementos contenidos en la denuncia. De paso, explicó que Cerdas es uno de los colaboradores más cercanos y que “pasa con él casi todo el día”.
Un proyecto de ley procura trasladar la UEI del Ministerio de la Presidencia hacia el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Consulte aquí el reglamento de 2005 sobre la UEI (derogado por Chaves).
Consulte aquí el reglamento nuevo sobre la UEI (publicado por Chaves). Ver página 43.
Source
Pablo Rojas
