Costa Rica, uno de los países latinoamericanos que por tantos años gozó de ser reconocido por su paz y seguridad a nivel interno, atraviesa hoy, uno de los momentos más inseguros y peligrosos tanto para nacionales, como para extranjeros. Según una encuesta realizada por la Universidad de Costa Rica (2023) el 41,3% de los encuestados aseguran que la inseguridad y delincuencia son el principal problema del país.
Dicha preocupación no es para menos, pues, el Organismo de Investigación Judicial cerró el año 2023 con una cifra de más de 900 casos de homicidio, alcanzando un récord histórico. Sólo entre 2017 y 2021 las denuncias por extorsión aumentaron un 200%, asimismo, el sicariato se ha consolidad como una actividad delictiva que cada vez involucra a más jóvenes en este delito.
Jean Jacques Rousseau decía en su obra El contrato social que “el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad que lo corrompe”, entonces es aquí donde debemos preguntarnos ¿Qué estamos haciendo mal?
Niños y adolescentes están siendo reclutados por el narcotráfico y otras organizaciones delictivas que han penetrado nuestra sociedad. En los centros educativos aumenta el acoso escolar, el bullying es una extensión de toda la violencia que se vive en los hogares y que se percibe en las comunidades. Costa Rica enfrenta una alta tasa de deserción escolar que deja a muchos jóvenes sin herramientas para insertarse en el mercado laboral, convirtiendo a los menores en un blanco fácil para el crimen, estos se han convertido en víctimas y victimarios.
Sin embargo, culpar única y exclusivamente a la juventud por la inseguridad seria un acto injusto y simplista. La corrupción y debilidad institucional debilita la credibilidad de la justicia, los limitados recursos económicos y humanos dificulta la captura de criminales y las políticas reactivas han desplazado a segundo plano la prevención, dejando desamparado a muchas comunidades vulnerables.
Por otro lado, el sistema penitenciario enfrenta fuertes desafíos cómo; la impunidad de muchos de los casos donde los delincuentes quedan libres fomentando la reincidencia, el hacinamiento en las cárceles que impide la rehabilitación de los privados de libertad y las leyes desactualizadas donde muchas de ellas no se adaptan para combatir el crimen de forma rápida y eficaz.
Si el país quiere resolver este problema, no basta con criminalizar a los jóvenes, se necesita un enfoque integral que incluya educación, empleo, prevención y justicia efectiva. La prevención debe iniciar desde las comunidades y se debe fortalecer la seguridad de las zonas más vulnerables, es necesario un trabajo articulado e intersectorial que permita abarcar cada arista del problema. Por último, se deben erradicar por completo los discursos de odio que han sido protagónico en los últimos años por representantes de los diversos Poderes del Estado.
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