Una vez más, la seguridad del sistema penitenciario costarricense se ve comprometida. Un chofer del área de servicios generales del centro penal Reinaldo Villalobos fue sorprendido cuando intentaba introducir un teléfono celular al recinto, según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.
El funcionario, de apellido Madrigal, fue interceptado por oficiales de la Policía Penitenciaria mientras ingresaba al centro. El dispositivo fue decomisado de inmediato y el caso remitido a la Fiscalía de Alajuela para su respectiva investigación.
Corrupción entre funcionarios: un patrón que se repite
35 casos similares en poco más de dos años
Este no es un incidente aislado. Desde mayo de 2022 hasta la fecha, ya son 35 los funcionarios penitenciarios investigados por intentar ingresar objetos prohibidos, como teléfonos celulares, a los centros de reclusión. La situación preocupa a las autoridades por el impacto directo que estos dispositivos tienen en la coordinación de actividades ilícitas desde prisión.
Las redes criminales suelen utilizar teléfonos móviles para extorsionar, traficar drogas o incluso planear delitos fuera de los muros penitenciarios. Por eso, el ingreso de estos aparatos se considera una falla crítica en la seguridad institucional.
Ministerio de Justicia alza la voz
El Ministerio de Justicia y Paz, encabezado por Gerald Campos, ha insistido en la necesidad de depurar las filas internas del sistema penitenciario y fortalecer los mecanismos de control. A raíz de este nuevo hecho, se espera que se refuercen las inspecciones y se apliquen sanciones ejemplares.
Asimismo, se estudia la posibilidad de implementar tecnologías adicionales de escaneo y monitoreo a todos los funcionarios, sin importar su rango o área de trabajo, con el fin de reducir la vulnerabilidad del sistema.
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