Niña víctima de violación no pudo ser atendida en plazo recomendable por protesta de forenses

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Debido a la protesta de médicos forenses, a una niña de 12 años que en apariencia fue sufrió una agresión sexual en Puntarenas no le pudieron aplicar el protocolo de 72 horas, en las cuales se debe atender de forma expedita a una víctima en esa condición.
Así lo confirmaron a crhoy.com, fuentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto ocurrió el fin de semana que recién culminó.
A este caso se suma otro similar ocurrido el 1.º de diciembre, cuando a una mujer de Liberia tampoco se le aplicó el protocolo de 72 horas en casos de violación. Ambos casos fueron remitidos a las autoridades para que valoren si se incurrió en faltas disciplinarias o delitos.
Este protocolo es de suma importancia, dado que establece el funcionamiento de Equipos de Respuesta Rápida para Víctimas de Violación (en adelante se citará por sus siglas ERRVV), para abordar de forma inmediata a las personas que hayan sufrido agresiones sexuales en los primeros tres días posteriores al delito.
El protocolo establece los pasos a seguir para atender a víctimas de violación, como la provisión de primeros auxilios emocionales a las víctimas; la valoración médica clínica y médico-legal; la toma de la denuncia y otras diligencias judiciales para el seguimiento respectivo.
También incluye la aplicación de profilaxis postexposición para evitar VIH-SIDA (PPE); la terapia profiláctica para infecciones de transmisión sexual, y la anticoncepción de emergencia durante las primeras 72 horas.
El documento además, brinda las pautas generales sobre las acciones que deben seguir las instituciones para el control y seguimiento posterior a las 72 horas de ocurrido el evento, a fin de garantizar la estabilidad y bienestar de la persona víctima, especialmente en el seguimiento y control psicosocial.
Otro de los pasos a seguir es la importante recolección de residuos, células o cualquier otro tipo de evidencia patológica que pueda vincular al culpable con la comisión de una violación o abuso sexual.
 

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A esta afectación se suman los retrasos en las autopsias: un total de 25 no se pudieron realizar durante el fin de semana que cerró, debido a la protesta de doctores forenses, que anunciaron hace dos semanas que no trabajarán más en tiempos extraordinarios.
Randall Zúñiga, el director del OIJ, confirmó la cifra total de exámenes médicos a personas fallecidas que quedaron pendientes de ejecutar debido a la falta de los médicos especialistas.
Todas estas necropsias debieron retomarse a partir de las 7:30 a.m. de este lunes y en su mayoría, quedarán listas hoy mismo, indicó el jefe policial. El sábado sí laboraron 3 funcionarios que les correspondían y aun así quedaron 3 pendientes.
Pero el domingo solo laboró uno de los forenses que les correspondía, por lo cual solo se pudieron realizar 3 exámenes y por eso quedaron tantos pendientes. En su mayoría, se han realizado en el transcurso del día y alrededor de las 4:30 p.m., solo quedaban pendientes unas 7 necropsias.
Desde el 27 de setiembre, un grupo de 33 funcionarios anunció que no trabajarían más en tiempos extraordinarios, debido a que se mantienen descontentos con la forma en que se les reconoce el rubro de disponibilidad en el salario.
Ya son 10 los funcionarios que decidieron deponer el movimiento y regresaron a sus funciones normales, con todo y turnos de disponibilidad. De esta forma, 23 continúan en la huelga.

A los empleados se les paga un 35% adicional sobre el salario base, por tener roles en los cuales deben estar atentos a atender casos que surjan, fuera del turno laboral ordinario.
No obstante, en esencia ellos reclaman que el monto es fijo, independientemente de cuántas veces les toca atender la disponibilidad.
Ante la manifestación, el Poder Judicial solicitó a la Procuraduría General de la República, entidad que funciona como abogado del Estado, que tramite una declaratoria de ilegalidad contra la protesta de médicos forenses. 
En caso de que la Procuraduría acoja la petición de interponer la solicitud y lograr que un Juzgado Laboral declare ilegal la manifestación, esto podría implicar varias consecuencias para los funcionarios. 

Source
José Adelio Murillo

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