Fotografía: Ministerio de Seguridad Pública
Luego de cerrar el 2024 con más de 880 homicidios en el país, convirtiéndose en el segundo año más violento de la historia luego del caótico 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ve un año 2025 muy difícil en esa materia.
Las autoridades judiciales a cargo de investigar estos crímenes prevén que la situación no varíe mucho tomando en cuenta que no se tienen en la mira acciones diferentes o inversión significativa para que los cuerpos policiales puedan sostener operativos con buenos resultados en los sitios más conflictivos, como se intentó hacer el año pasado.
El OIJ insiste en que se debe buscar la manera de trabajar con más ímpetu en la contención de crímenes con mayor inversión y planes contundentes desde todas las líneas de trabajo, especialmente en el Poder Ejecutivo.
“Para aplanar la curva se requiere de un esfuerzo adicional, a pesar de todo lo que se ha hecho, se necesita más inversión y que se haga efectiva la dotación de nuevas plazas que se aprobaron para el OIJ, Fuerza Pública y Fiscalía en la Asamblea Legislativa. Necesitamos que el gobierno de verdad asuma ese liderazgo y que pueda comprarse ese pleito en seguridad para dotar de más recursos a estas dependencias”, dijo Randall Zúñiga, director del OIJ.
El 2023 fue el periodo más violento de la historia del país con 905 asesinatos y una vez culminado el 2024, con datos preliminares y aun por depurar, la cifra habría bajado únicamente en 20 casos, lo cual para la policía judicial es prácticamente lo mismo, pues se sigue manteniendo el número superior a los 17 homicidios por cada 100 mil habitantes con que se cerró el año pasado.
“Esperamos algo muy parecido a este año, el problema es que si se bajan 10 o 15 homicidios eso no es nada, en el 2025 si no se ejecutan acciones contundentes o firmar los casos en lugar de bajar van a subir“, apuntó el jerarca judicial.
La policía judicial realizó varias operaciones especiales en Limón, Puntarenas, Turrialba y los barrios del sur de San José en diferentes tramos del año cuando repuntaron los asesinatos en esas zonas, consiguiendo resultados importantes al nivel de no reportar crímenes en dichos lugares durante casi un mes, pero una vez que los agentes salían del sitio para volver a sus labores normales, el sicariato retomaba ataques y por ende las muertes volvían a dispararse.
Zúñiga explicó que por más que quieran sostener esas intervenciones, económicamente hablando es imposible para el OIJ, pues el presupuesto no les alcanza para mandar un contingente de más de 100 investigadores a un cantón determinado a patrullar y ejercer labor preventiva durante tantos días.
Además al contar con un personal tan reducido también se complica cubrir todas las acciones habituales sin tener que pagar horas extras o que los funcionarios no tengan suficientes días de descanso.
Por esa razón, pese a que no descartan que se haga de nuevo, probablemente el OIJ no pueda hacer este tipo de incursiones tan seguidas como en el 2023.
“Este año 2025 va a ser difícil, más bien vamos a tratar de no maltratar tanto a los compañeros que se han visto bastante sacrificados en ese aspecto, vamos a tratar de coordinar todos los operativos que se pueda con Fuerza Pública, pero va a ser un año complicado tomando en cuenta ese plano económico”, explicó.
Esperan plazas
El pasado 16 de octubre la mayoría de diputados acordó tres mociones para tomar poco más de ¢14 mil millones del pago de intereses de la deuda, para crear 548 plazas nuevas tanto para el Ministerio de Seguridad Pública, como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, pese a que Pilar Cisneros y Ada Acuña, diputadas oficialistas votaron en contra de redireccionar esos fondos a las autoridades policiales y de investigación.
El traslado se hizo luego de una solicitud hecha por Zúñiga a los legisladores, alegando que sin este personal la cantidad de homicidios para el 2025 podría superar los 1.000 casos.
La primera moción toma los recursos de la deuda por ¢7.013 millones para que el OIJ pueda contratar 255 funcionarios para labores de investigadores y de soporte.
También se aprobó una segunda para trasladar ¢5.100 millones al Ministerio de Seguridad Pública con el objetivo de crear 220 plazas para la Fuerza Pública, pese a que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, no hizo ninguna solicitud a los legisladores para más oficiales.
Además de una última moción que dará ¢2.295 millones al Ministerio Público, para la creación de 73 plazas nuevas, mismas que fueron solicitadas por el fiscal general Carlo Díaz.
“Estamos a la expectativa de sí el Poder Ejecutivo dará esos puestos y esperamos que las modificaciones presupuestarias no nos afecten”, dijo Zúñiga.
Primeros casos del 2025
No habían transcurrido ni 6 horas del 2025 y ya se contabilizaban los primeros homicidios del año. El primero ocurrió a las 12.43 a.m. en La Milpa de Guararí, Heredia, en el que una mujer de 35 años fue atacada con arma blanca, en apariencia por su pareja sentimental, por lo que se maneja preliminarmente como un femicidio.
Y el segundo caso se registró a las 5.13 a.m. en el centro de Limón, cuando dos hombres en motocicleta la emprendieron a tiros contra oficiales de la Fuerza Pública, quienes respondieron al fuego y de múltiples impactos acabaron con la vida de uno de los presuntos delincuentes.
El OIJ había proyectado desde que inició el 2024 que para febrero del 2025 podrían haberse perpetrado 1.050 crímenes, sin embargo, es una cifra que no quisieron revelar antes para que no se usara como revulsivo en los criminales que están detrás de estas acciones.
Ataque a policías en Limón. Fotografía: Ministerio de Seguridad Pública
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Carlos Castro
