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Las agrupaciones criminales dedicabas al trasiego y comercialización de drogas, el robo de combustible, contrabando y otras actividades delictivas encontraron en la ganadería una puerta abierta para lavar el dinero que producen de forma ilegal.
Durante los últimos años, se ha registrado un gran incremento en la cantidad de reses decomisadas a las bandas desarticuladas principalmente por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Desde el año 2019, cuando iniciaron los registros, se han incautado al menos 3.721 ejemplares.
El valor total de los animales decomisados asciende a los ₡2.084 millones, este año más los 5 anteriores, de acuerdo con los datos del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) consultados por crhoy.com.
Según explican en esa institución, las organizaciones criminales constantemente buscan diversificar los mecanismos a través de los cuales pueden lograr la legitimación de capitales. Es decir, tomar las ganancias ilícitas e inmiscuirlas en el sistema financiero formal, para poder utilizarlas y encubrir la actividad prohibida.
Por esa razón, las leyes se van actualizando para cercar o imponer una serie de restricciones que frenen esas prácticas.
Por ejemplo, en la actualidad los bancos, joyerías, casinos y corredoras de bienes raíces tienen la obligación de conocer a sus clientes, de realizar reportes de operaciones sospechosas y de realizar debidas diligencias.
En la búsqueda de vacíos legales para poder invertir y lograr su cometido, muchos criminales encontraron en la ganadería como el giro comercial que les facilita lavado de activos, según lo que ha logrado detectar los estudios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD.
Esto quedó demostrado principalmente en el año 2023, cuando la UIF documentó que tuvo a un caso en el cual una sola red criminal logró mover aproximadamente $1.5 millones de dólares a través de la cría y venta de ganado.
La principal “comodidad” que han encontrado los grandes delincuentes, es que las transacciones se realizan en dinero en efectivo y no se requiere intermediarios o mayor documentación en los procesos de compra y venta, lo que propicia la legitimación de capitales.
La mayoría de negocios con reses suelen ocurrir en las subastas ganaderas, establecimientos que permiten comerciar el producto de forma constante, mediante oferta y demanda de empresarios e interesados.
Allí no exigen ningún tipo de documentación en la cual los participantes deban certificar o justificar cuál es el origen de esos dineros. Así lo explicó Fernando Ramírez, director general del ICD.
Doy el ejemplo de una persona, un delincuente que obtiene dinero producto del narcotráfico, del contrabando, del robo de combustible o cualquier otra modalidad de delito.
Pues toma los dineros que ha obtenido producto esas actividades delictivas, se va a una subasta ganadera y por ejemplo, puede llegar con ₡100 millones a comprar un lote de ganado y en esa subasta ganadera, nadie le va a preguntar de dónde es que viene ese dinero, ni nada.
Sencillamente él puja por las reses que tiene interés e inmediatamente hace el pago y se adjudican esas reses.
De hecho, muchos criminales son investigados o acusados de otros delitos, junto también a robo de ganado. El año con mayor incidencia de esta práctica fue el año 2022, cuando se confiscaron un total de 1.263 cabezas de ganado tasadas en más de ₡1.001.254.245.
La tendencia se mantiene y aunque hubo una leve disminución el año pasado, este 2024 sin terminar ya se suman ₡368.588.862 incautados, equivalente a 1.090 animales.
Del 2020 al 2024 esta cifra incrementó 8.5 veces, sin tomar en cuenta el pico registrado hace 2 años en la cantidad de vacas, toros y bestias similares. A nivel monetario, el aumento es de un 779% en el monto económico incautado.
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Sin papeles de respaldo
El esquema de negocios básicamente consiste entonces en invertir en hatos, el dinero obtenido producto del narcotráfico y otros delitos que generan mucha cuantía. Luego, cuando estos criminales pretenden monetizar ese ganado, acuden de nuevo a la subasta para venderlo.
En la subasta, producto de la venta del producto vacuno, a ellos les entregan el dinero obtenido con una factura o un documento que comprueba que obtuvieron una cantidad determinada por el negocio. De esta forma, tantas cabezas ganado significan tanta cantidad de recursos en efectivo.
Esa comprobación es la justificante suficiente que le permite a estas personas excusar el origen de la plata ante cualquier banco o similar, y así conseguir darle una apariencia lícita a este dinero, que en realidad proviene de actividades delictivas.
Otras actividades económicas como bancos o agencias de bienes raíces sí tienen una serie de restricciones y obligaciones que deben cumplir las entidades financieras, según lo establece la ley 8.204.
En caso de incumplir, hasta se pueden ver afectados con sanciones o multas de gran valor. Algo que no ocurre con los establecimientos ganaderos.
De acuerdo con el director del ICD, el problema actual no está en la falta de documentación que presentan los ganaderos a las instituciones bancarias sino, más bien, en la elevada cantidad de transacciones en efectivo y la falta de trazabilidad o registros de la fuente real de los recursos.
El problema no radica en cuanto a la legitimidad de la documentación que le da la subasta. La subasta se la da porque logra demostrar o verificar que en efecto, alguien tiene un dinero que fue producto de la venta de un ganado.
El problema radica en el hecho en que estas transacciones ahí en la subasta ganadera se realizan en efectivo y no existe ningún control por parte de la subasta de quiénes son esos clientes.
Uno puede entender de que ellos tienen clientes históricos, el gremio ganadero se conoce, ellos saben quiénes son. Los ganaderos normalmente tienen años de estar tranzando entre ellos, por eso se unen en diferentes cámaras y en diferentes subastas ganaderas.
Lo que sucede es que muchas veces se les meten ahí miembros de estas organizaciones criminales que su único fin es legitimar, y están utilizando esta actividad que muchas personas hacen de forma lícita y adecuada, para procurar a través de ellos legitimar el dinero.
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Por esa razón, el ICD presentó la semana anterior un proyecto de ley que pretende fortalecer el sistema anti-lavado. De esta forma, las subastas ganaderas y los dueños se convertirían en sujetos obligados para reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera, como otros comercios.
Por ende, estarían obligados a implementar controles más rigurosos y así colaborar en la prevención de delitos financieros.
Esto debido a que tienen un acceso inmediato a estas personas y podrían perfilar a posibles “lavadores” de dinero, así como establecer de dónde es que provienen estos dineros, mediante reportes de operaciones sospechosas para que la UIF ejecute los análisis en cada caso.
“Si se aprueba este proyecto de ley la subastas ganaderas deberán de cumplir con todas las obligaciones que establece el artículo 15 bis de la Ley 8204 y que dentro del cual están incluidos, por ejemplo, los casinos, los vendedores de joyas preciosas, los corredores de bienes raíces en donde están también los notarios, los abogados entre otros, que deben de hacer una bebida diligencia.
Deberán de empezar a conocer a sus clientes, van a tener que requerir quiénes son y de dónde vienen.
Otro tema muy importante para nosotros es que también tendrán la obligación de realizar reportes de operaciones sospechosas cuando se realicen transacciones, ya sean fraccionadas o transacciones muy grandes de dinero, por ejemplo que superen los $10 mil.
Entonces esto nos va a permitir empezar a examinar, cómo y detectar y además referir al Ministerio Público aquellas personas que eventualmente se están aprovechando de este sector económico precisamente para lograr la legitimación” explicó Fernando Ramírez.
De esa forma, los clientes que vayan a asistir a la subastas ganaderas y los ganaderos, tendrán que brindar la documentación necesaria para poder demostrar cuál es el origen del dinero que están aportando en ese momento.
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Un hecho reciente de un gran decomiso de ganado presuntamente oriundo de actividades ilícitas fue el caso “Coraza”, destapado por las autoridades judiciales a mediados de este año.
El OIJ y la Fiscalía desmantelaron una red que exportaba droga a Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica mediante pistas clandestinas y la pista aérea de un hotel lujoso en Guanacaste.
El 1 de julio anterior, los agentes judiciales realizaron un complejo despliegue operativo con cerca de 100 efectivos para desmantelar la organización que, además, se presume incursionó en el negocio de la ganadería para legitimar las ganancias generadas producto del narcotráfico internacional.
La policía incluso decomisó cerca de 1.100 reses que fueron vendidas por un monto superior a los ₡368,5 millones. Fue el ICD quien estuvo a cargo de la venta y de recolectar esos fondos.
También confiscó 12 vehículos de alta gama y maquinaria pesada. Estos permanecen en depósito judicial provisional bajo tutela del ICD, resguardados en bodegas bajo custodia y pueden ser prestados a instituciones o también subastados.
Entre las personas vinculadas está el jefe de la delegación de Fuerza Pública, de apellidos Concepción Castro y otro oficial apellidos Turcios Castrillo, así como un cabecilla de apellidos Fonseca y 35 años de edad.
Source
José Adelio Murillo
