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La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, especificó ante los diputados “las violaciones sistemáticas” de los derechos humanos en perjuicio del grupo de 200 migrantes deportados semanas atrás a suelo nacional por el gobierno de los Estados Unidos.
Cruickshank compareció este miércoles en la tarde ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en el marco de la investigación que este foro legislativo realiza sobre las condiciones de estas personas y el abordaje del Poder Ejecutivo.
La defensora aseguró que los informes emitidos por la Defensoría de los Habitantes sobre la atención de estos migrantes se basan en una observación objetiva de sus condiciones en el lugar y no en percepciones ni opiniones subjetivas.
Como parte de la investigación, la institución concluyó que existe un trato diferenciado entre los migrantes que ya se encontraban en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), ubicado en el sur del país, y el grupo deportado desde Estados Unidos.
Según la Defensoría, a los migrantes que estaban en el CATEM se les desplazó a otro espacio dentro del centro para dar lugar a los deportados. En la zona donde fueron reubicados, las condiciones eran deficientes.
“Duermen en camas tipo catre sin colchón, no tienen acceso a agua embotellada y reciben una alimentación distinta a la de los deportados. Esta situación genera un trato discriminatorio en perjuicio de los migrantes del flujo inverso. Es evidente la transgresión del principio de igualdad y no discriminación que establece los derechos fundamentales de los migrantes, independientemente de su nacionalidad”, afirmó la defensora.
Cruickshank también señaló presuntas violaciones al derecho a la libertad de tránsito. Según explicó, durante su permanencia en el CATEM, los migrantes enfrentan “una limitación de egreso e ingreso”, salvo que demuestren que tienen recursos para continuar su recorrido o que haya un vuelo de retorno asistido.
Asimismo, denunció que los migrantes se enfrentan a restricciones en su comunicación con el exterior. A pesar de que poseen dispositivos móviles como celulares, el Gobierno no ha puesto a disposición una red de internet inalámbrico para que puedan contactar a sus familiares.
Entre sus cuestionamientos, la defensora también criticó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) por no brindar una atención integral a los migrantes, limitándose a visitas esporádicas solo de lunes a viernes.
“Una atención integral requiere una participación activa y responsable de las entidades dedicadas a la protección de las personas. No se puede limitar a asistir unas horas al día; debe ser permanente”, enfatizó Cruickshank.
Además, denunció otras deficiencias en la atención, como la falta de ventilación en las instalaciones, lo que agrava el impacto del calor excesivo en la zona sur.
“Los acuerdos de cooperación migratoria suscritos por el país con el gobierno de los Estados Unidos están violentando de manera sistemática los compromisos adquiridos por Costa Rica con la comunidad internacional en materia de defensa y protección de los derechos humanos de las personas en suelo nacional, independientemente de su condición migratoria o nacionalidad”, advirtió la defensora.
Cruickshank también denunció presuntas irregularidades en la retención de documentos de identidad. Según trascendió, desde su deportación, estos documentos permanecen en manos de las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Finalmente, acusó al Poder Ejecutivo de no cumplir con la entrega de información solicitada por la Defensoría sobre los protocolos de atención para estas personas.
“Con excepción de la recepción de la lista de las personas deportadas, esta Defensoría no ha recibido la información solicitada a la fecha”, protestó Cruickshank.
Información en desarrollo
Source
Carlos Mora
