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El juez penal de Limón, Jean Carlo Sandí Chaverri, quien fue detenido por aparentemente recibir un soborno de unos $15 mil para autorizar que un sujeto investigado por narcotráfico saliera de la cárcel, deberá descontar 6 meses de prisión preventiva.
El juzgador es señalado de cometer los delitos de procuración de impunidad y cohecho, dado que a través de Jorge Ramírez Salas, el exabogado del jefe de sicarios Tony Peña Rusell, habría negociado y ejecutado un millonario pago a cambio de facilitar la salida de la cárcel de Marco Herrera, alias “Banano”.
Herrera, el beneficiado, descontaba prisión preventiva y según la investigación, logró sobornar al juez con el fin de que le cambiara la medida cautelar, de forma que no estuviera más encarcelado y tuviera más libertad. Además, habría asesorado de previo en cómo argumentar la petición.
Tras el desembolso de esa cantidad importante de dinero (unos ₡7,5 millones al tipo de cambio actual), efectivamente ocurrió que alias “Banano” salió de la cárcel para descontar otras medidas cautelares menos restrictivas, aguardando por un eventual juicio en su contra.
Ante este panorama, el Ministerio Público intentó revertir la situación sobre alias “Banano”, y logró que también le impusieran la medida cautelar de 6 meses de prisión preventiva, según confirmó a crhoy.com el fiscal adjunto contra Narcotráfico, Javier Valerio.
“Banano” no es un cabecilla ni un criminal de alto perfil, sino de mediano o bajo perfil. Aunque a raíz del pago sí logró cambiar la medida cautelar y salir de prisión, con la justificación de que estaría trabajando en un lugar que le brinda arraigo laboral.
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Crhoy.com pudo constatar que Jean Carlo Sandí trabaja en el Poder Judicial desde hace unos 20 años y está nombrado como juez 3, una plaza con un rango salarial fijado en ₡3.015.582, de acuerdo con la escala de salario global definitiva de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Este funcionario consiguió en julio y setiembre anteriores dos designaciones importantes en juzgados penales del Caribe, órganos a cargo de tramitar medidas cautelares, conocer expedientes y acusaciones de delitos, y realizar trámites en las etapas preparatoria e intermedia del proceso judicial.
El 11 de julio de 2024, fue ser nombrado en propiedad como Juez 3 en el Juzgado Penal de Sarapiquí, designación que rigió a partir del 1 de agosto de 2024, con un periodo de 3 meses que venció el 21 de octubre.
Posteriormente, este juez ahora cuestionado logró regresar a los Tribunales de Limón centro tras asumir en propiedad la plaza N.º 45138 de juez penal. Fue específicamente el 1.º de noviembre que retornó. Así se despliega del Acta de Consejo Superior N.º 091.
Sandí Chaverri se vio beneficiado para obtener esta vacante, con el voto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez. Así se desvela de las actas del Consejo Superior N.º 091 y 094 revisadas por este medio.
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El intermediario que concretó el pago fue Jorge Ramírez Salas, abogado y exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asesinado por un comando de varios sujetos que lo interceptó y acribilló cuando él entraba con su camioneta a su vivienda en Santa Eduviges de Limón, el pasado 16 de agosto.
Ramírez tomó notoriedad al ser durante mucho tiempo el representante del supuesto jefe de sicarios, Tony Peña Russell alias “La T”. Este líder criminal fue capturado el pasado viernes 21 de junio tras 4 meses de estar en fuga, en lo que el OIJ denominó la captura del año.
A partir del asesinato de este abogado y exagente judicial, las autoridades iniciaron con una investigación sobre el homicidio y en medio de las indagaciones, encontraron información sobre su intermediación y el pago de los $15 mil al juez Sandí Chaverri, detenido a través de 4 allanamientos.
“La investigación inicia aproximadamente en agosto o septiembre de este año, e inicia precisamente con las pesquisas que está realizando el OIJ referente al homicidio de un abogado allá de la zona de Limón de nombre Jorge Ramírez quien en su momento, pues era abogado de Tony Peña.
De la información que se logra y la prueba que se logra recabar referente a ese homicidio que está investigando el OIJ, es que surge esta nueva línea de investigación contra este juez”, explicó el fiscal Valerio días atrás.
“Dentro de la línea investigativa se logra detectar una relación no debida entre este juez y el abogado defensor que falleció hace unos meses, producto de una situación particular del grupo criminal comandado por un sujeto conocido como la T.
Destacar que se pudo determinar -en apariencia-, que este abogado junto con el juez, negoció el cambio de las medidas cautelares de otra persona vinculada a un proceso penal.
Dentro de las conversaciones que se obtuvieron, se denota que este juez le sugiere aparentemente, cómo hacer un escrito a fin de generar las condiciones para que se diera el fallo positivo de cambio de medidas cautelares, por el pago de una cifra importante de dinero”, explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga.
Source
José Adelio Murillo
