Un grupo de cuatro funcionarios públicos está bajo investigación por su presunta participación en una estructura criminal dedicada a la legitimación de capitales en la Zona Norte de Costa Rica. La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron una serie de allanamientos en la región, revelando un entramado delictivo que incluiría al menos 15 personas más y que podría tener conexiones con delitos mayores.
La red operaba con respaldo interno
Según datos revelados por el Ministerio Público, los funcionarios habrían utilizado su posición en instituciones públicas para facilitar y encubrir movimientos de dinero ilícito, simulando actividades legales mediante empresas fachada, transacciones sospechosas y testaferros.
Los investigadores apuntan a que la organización operaba desde hace meses, realizando gestiones administrativas y financieras que permitían introducir grandes sumas de dinero al sistema formal, sin levantar alertas en los controles tradicionales.
Allanamientos y decomisos en curso
Durante el operativo se inspeccionaron varias propiedades, oficinas públicas y vehículos. Las autoridades buscan confiscar bienes muebles e inmuebles posiblemente adquiridos con fondos ilícitos. Aunque no se ha confirmado la cifra total de lo incautado, el proceso apenas inicia.
Los registros también buscan rastrear conexiones con organizaciones criminales transnacionales, ya que se sospecha que parte del capital lavado proviene del tráfico de drogas y contrabando, delitos frecuentes en zonas fronterizas del país.
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