El Frente Interno de Trabajadores del ICE (Siice) rechazó las afirmaciones que hizo el miércoles el Poder Ejecutivo, atribuyéndoles el retraso en la red 5G del Instituto.
Este 5 de febrero en el programa televisivo de Casa Presidencial, Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, afirmó que la parálisis en la licitación de infraestructura en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para desarrollar su red de quinta generación se debe a los recursos legales interpuestos por la empresa china Huawei y 2 sindicatos de la Institución.
Sin embargo, la Sala Constitucional desmintió las aseveraciones de la jerarca, acarando el estado de las medidas cautelares, algunas de las cuales ya se han resuelto.
“El Micitt en su afán de tratar de salvar el improcedente decreto sobre ciberseguridad intenta, de forma engañosa, atribuir al Frente Interno de Trabajadores los atrasos del ICE en el despliegue de 5G, cuando ha sido ese Ministerio, en complicidad con la Presidencia Ejecutiva del ICE, los que le han cercenado al Instituto su posibilidad de avanzar en 5G, al sustraer de forma antijurídica su patrimonio al disponer incorrectamente de las frecuencias esenciales para el despliegue óptimo de 5G.
Específicamente en la banda de 3.5 GHz le arrebatan 25 MHz por medio del acuerdo ilegal de devolución de frecuencias, y luego le impiden al ICE adecuar 75 MHz en esa misma banda y que de manera sumisa, sin mayor objeción, la Presidencia del ICE las ha devuelto de forma expedita e irregular al Micitt; de esta forma, el ICE perdió toda capacidad para avanzar en 5G”, manifestó Carlos Stradi, presidente del FIT.
“En otras palabras, tanto el Micitt como la Presidencia de la República con la sustracción de frecuencias, su coadministración, falta de claridad en la aplicación del transitorio para el ICE y el mal uso del patrimonio del Grupo ICE, han hincado a la Institución dejándola en una situación de riesgo de continuidad de sus operaciones.
Adicionalmente, son omisos en informarle a la familia del Grupo ICE y al pueblo costarricense que el Instituto tiene capacidad instalada superior, en calidad y cantidad, a la competencia en materia de 5G y por una instrucción política, con el beneplácito de su Presidencia Ejecutiva, no la han puesto en operación”, añadió Stradi Granados.
De paso, el dirigente sindical recordó que el ICE no pudo participar en la reciente subasta de frecuencias espectro radioeléctrico para desarrollo de redes IMT 2020.
La razón del impedimento para ser parte del proceso licitatorio es que el ICE fue sancionado por tres años por acaparamiento de espectro en detrimento de sus competidores, los operadores privados Claro y Liberty, por lo que un órgano administrativo además despojó al ente estatal de 70 MHz.
“Mientras tanto, los operadores que son competencia de la Institución han llevado adelante su despliegue de 5G con el mismo marco regulatorio que rige al ICE.
Entonces no es un tema de una medida cautelar judicial que es obligatoria para la parte involucrada, sino es un asunto de carácter político, donde tanto el Micitt como la Presidencia de la República han llevado al ICE a una condición cuyas consecuencia son sumamente serias”, agregó el sindicalista con relación a la comparecencia de Ana Sofía Machuca, auditora general del ICE ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, donde expuso las consecuencias de que el operador público a la fecha no cuente con un sistema de telecomunicaciones móviles de última generación, lo que pone en riesgo la continuidad del negocio institucional.
Es momento que la Presidencia Ejecutiva del ICE y el Consejo Directivo tengan un poquito de vergüenza y se motiven a renunciar, por su impericia, la escasa capacidad técnica para administrar una empresa de tecnología y el incumplimiento a los principios de ética, y dejen el espacio a personas que realmente quieran a la Institución y tenga el conocimiento para darle un giro de timón hacia el norte que no ha tenido en los últimos años, y se pueda recobrar el posicionamiento tanto en telecomunicaciones como en electricidad. ¡Aún estamos a tiempo, mañana sería tarde! Carlos Stradi
Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología y el presidente Rodrigo Chaves.
Polémico decreto
Aunque en noviembre del 2023 el ICE publicó el cartel de licitación pública por $125 millones, desde entonces ha enfrentado una serie de tropiezos debido a recursos legales interpuestos por proveedores de telecomunicaciones y los sindicatos, que generó que el proceso se mantenga suspendido hasta nuevo aviso luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) acogiera las medidas cautelares solicitadas.
Posteriormente, en febrero del 2024, la medida cautelar bajo el expediente 24-001014-1027-CA-4 suspendió los alcances del Decreto Ejecutivo 44196-MSP-MICITT, así como los efectos de la licitación 2023XE-000023-0000400001 con la que el ICE pretendía contratar al proveedor para su red 5G.
Este decreto, denominado Reglamento sobre Medidas de Ciberseguridad aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones basados en la Tecnología de Quinta Generación (5G) Móvil y Superiores, incluye la aplicación del Convenio de Budapest.
Dicho acuerdo internacional de lucha contra el cibercrimen impide participar como proveedores de infraestructura de telecomunicaciones móviles a empresas basadas en países que no hayan firmado el tratado que no tiene nada que ver con ciberseguridad.
Esta medida en la reglamentación afecta directamente a Huawei, compañía con base en China, nación que no ha ratificado el convenio; esta firma es una de las principales soluciones de redes móviles del ICE.
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Erick Murillo
