El presidente de la República, Rodrigo Chaves, enfrenta una de las acusaciones más serias de su mandato: el fiscal general, Carlo Díaz, lo responsabiliza por un presunto delito de concusión relacionado con un contrato de $405.800 gestionado a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Junto a él, también fue señalado el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives.
Una pieza clave en esta acusación la aportó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien facilitó audios grabados dentro de Casa Presidencial. Estas grabaciones fueron reveladas por el diario La Nación a finales de 2023 y aportan contexto a la forma en que se manejaron las decisiones dentro del Ejecutivo.
El caso gira en torno a la contratación de servicios de comunicación para Casa Presidencial, supuestamente confeccionada a la medida para beneficiar a la empresa RMC La Productora S. A., conocida como Nocaut y dirigida por el productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas. Él, lejos de ser acusado, se convirtió en el testigo principal del Ministerio Público, tras firmar un criterio de oportunidad que lo exime de responsabilidades penales a cambio de colaborar con la investigación.
La Fiscalía sostiene que este contrato no solo favoreció directamente a Bulgarelli, sino que también habría servido para retribuir favores de campaña, entre ellos pagos a personas clave como Federico “Choreco” Cruz Saravanja, exasesor de imagen del mandatario. Cruz no goza de inmunidad, por lo que su caso avanza por una vía paralela en la Fiscalía de Probidad.
El presunto delito atribuido a Chaves y Rodríguez se enmarca en el artículo 355 del Código Penal costarricense, que castiga con penas de hasta ocho años de prisión a cualquier funcionario que, abusando de su cargo, obligue o induzca a otra persona a otorgar beneficios indebidos, ya sea para sí o para terceros.
Carlo Díaz presentó la acusación ante la Corte Plena, instancia que deberá remitir el caso a la Asamblea Legislativa para que los diputados evalúen si procede el levantamiento de la inmunidad tanto del presidente como del ministro de Cultura. Solo entonces podrá avanzar la causa judicial.
