El gusano barrenador es un parásito que afecta tanto a animales como a humanos y que es capaz de ocasionar la muerte. Un parásito es un organismo que se alimenta de un huésped para sobrevivir en detrimento de este.
Al igual que el gusano, en el “caso barrenador” existe un “parásito”, las cooperativas, que se alimentan de un “huésped”, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): la mayoría de la Junta Directiva de la CCSS, capitaneada por la expresidenta ejecutiva, Marta Esquivel, adjudicaron contratos, con evidente sobreprecio, para la operación de 138 Equipos de Atención Básica en Salud (EBAIS) y diez áreas de salud, por un plazo de diez años. Cabe destacar que todos los participantes de la adjudicación estaban al tanto de la ilegalidad de las licitaciones, ya que, estas suponen un abuso en cuanto al plazo de administración de los EBAIS y, de la mano de los sobreprecios, permiten a las cooperativas lucrar de más con el empobrecimiento de los servicios, cobrándole de más a la CCSS. Los oferentes adjudicados fueron las cooperativas y asociaciones privadas COOPESANA, COOPESALUD, COOPESIBA, COOPESAÍN y ASEMECO.
Según informó el diario “La Nación” el 24 de septiembre anterior: “(…) En el expediente se investiga el posible sobreprecio de ¢12.400 millones en los contratos de administración”2. Con respecto a ese monto de sobreprecio, Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) manifestó: “Si lo multiplicamos por diez años prácticamente sería tener una nueva torre quirúrgica en cualquier hospital del tercer nivel. La tan ansiada torre quirúrgica en el hospital San Juan de Dios, por ejemplo, que está en el portafolio de inversiones desde el año 2014”. El líder sindical señaló que, además, con ese injustificado monto de sobreprecio se pudieron haber financiado 45 EBAIS nuevos administrados por la CCSS.
Este caso de corrupción no debe ser visto como caso aislado: los grupos de poder económico que responden al gobierno de Chaves están fuertemente vinculados al sector importador y financiero y apuestan por políticas de deterioro y privatización de servicios públicos esenciales para los derechos socioeconómicos de los costarricenses. Como es el caso de los recortes al FEES.
Además, estas políticas privatizadoras se apoyan y son continuidad de las impuestas en el gobierno de Carlos Alvarado, referentes tanto a la restricción del gasto público (Ley Marco de Empleo Público, Regla Fiscal); como con la legislación orientada a contener y reprimir a las organizaciones sindicales y su capacidad de resistencia (Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, conocida como “anti-huelgas”). Es curioso remarcar como, las mismas organizaciones afectadas por la ley anti-huelgas, han discutido en el pasado como la Caja debería administrar la totalidad de los EBAIS como parte de sus funciones básicas.
Por no mencionar que, un modelo tal engendra una creciente desigualdad social, lo que es, sin duda, un acicate para que la juventud, en condiciones precarias, sea reclutada por el crimen organizado, por ejemplo, al brindarle menos oportunidades. La “política económica de la corrupción” es una prueba más de que la corrupción en el modelo es sistémica.
En resumidas cuentas, este es un caso más que se enmarca en las políticas de deterioro de los servicios públicos de carácter social, en este caso la salud, siendo este proceso de larga tradición. Esto evidencia el acuerdo entre los empresarios y el gobierno para debilitar los servicios públicos y repartirse el negocio de la salud en lugar de que la CCSS brinde el servicio a la unanimidad de la población. Por lo tanto, la disputa política en torno al sentido y orientación de la inversión social del gasto público es decisiva y los costarricenses deben ser conscientes de esta problemática.
Estudiante de Economía de la Universidad Nacional
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