El Partido Liberación Nacional surgió como resultado de los sucesos de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, que llevaron al líder político militar de esos eventos militares, José Figueres Ferrer, a presidir el gobierno del período 1948-1949, que surgió de esos enfrentamientos bélicos.
Figueres había impulsado el movimiento armado, bajo la conducción del Ejército de Liberación Nacional, que organizó y preparó con ese fin, para asegurar el triunfo electoral de Otilio Ulate Blanco, frente a Rafael Angel Calderón Guardia, que le fue arrebato por el Congreso de la República, al haber anulado la elección presidencial de febrero de 1948, al conocer el resultado de esas elecciones, con base en el mismo informe que le dio el Tribunal Nacional Electoral, como le era obligado al Congreso, para su aval.
Los combates de esos días hicieron que militarmente se impusiera el movimiento revolucionario encabezado por Figueres, reconocido a partir de ese momento no solo como el líder militar sino también como el líder político en que se fue convirtiendo
Para evitar la Batalla de San José, que se preveía muy sangrienta para los bandos que estaban en lucha, como el gran enfrentamiento que se esperaba, estando Figueres en Cartago, dominando en la práctica todo el país, se impuso la racionalidad de buscar un acuerdo político que así lo evitara. Esto se logró con las conversaciones realizadas en Ochomogo, que suspendieron las acciones militares, entre José Figueres y Manuel Mora Valverde, en ese momento, Secretario General del Partido Vanguardia Popular, comunista, y Jefe político militar de la principal fuerza de apoyo al gobierno de Teodoro Picado, que luchaba con el gobierno por mantener el acuerdo de anulación de las elecciones de Otilio Ulate.
José Figueres y Manuel Mora, se hicieron acompañar por Benjamín Núñez y Carlos Luis Fallas, que resultaron testigos finales de esa conversación, con el compromiso de José Figueres y de Benjamín Núñez de entregar un documento resultado de esa conversación. Dicho documento se presentó a las autoridades del Partido Comunista o Vanguardia Popular, del gobierno y a representantes del cuerpo diplomático, que se había reunido en la Embajada de México, para avalar el fin del conflicto militar, reconociendo el triunfo de Figueres y consecuentemente la victoria electoral de Otilio Ulate que debería recibir el gobierno el 8 de mayo de 1948.
A partir de esos días de finales de abril, Teodoro Picado, el Presidente de la República, y Rafael Angel Calderón Guardia, el candidato derrotado, habían salido del país, quedando a cargo del gobierno Santos León Herrera, Designado a la Presidencia, que fue llamado por Teodoro Picado para sustituirlo hasta el 8 de mayo.
El primero de mayo de 1948 Figueres se impuso sobre Otilio Ulate garantizándole que él le entregaría el gobierno, en un plazo de dos años, una vez que él lo asumiera el ocho de mayo. Otilio Ulate no pudo evitar esa decisión establecida en el llamado Pacto. Figueres-Ulate.
El 8 de mayo, Santos León Herrera le entregó el poder a José Figueres, que al mediodía se había instalado al frente del Gobierno, proclamando la Fundación de la Segunda República, con un grupo de ministros que se reunieron bajo la forma de una Junta de Gobierno, con dominio de todo el aparato político institucional del Estado, de la República y de la sociedad costarricense.
Sus casi dos años de gobierno, desde el 8 de mayo de 1948 hasta el 7 de noviembre de 1949, fueron muy importantes para la institucionalidad y el desarrollo político nacional, que emergió de las políticas que se impulsaron por parte de la Junta de Gobierno, entre ellas la sustitución de todas las autoridades políticas nacionales, a nivel cantonal, la integración de una nueva Corte Suprema de Justicia, la convocatoria y elección de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual Constitución Política, la nulidad de las elecciones legislativas de febrero de 1948 y la integración de una nueva Asamblea Legislativa, a finales de 1949, para acompañar al gobierno de Otilio Ulate. Junto a esto, Figueres impulsó una serie de grandes medidas institucionales, que han marcado desde entonces el desarrollo político institucional y democrático del país.
Una de esas medidas o políticas fue la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, al que le encomendó el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos, con la responsabilidad fundamental, del Instituto ante los costarricenses, para encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.
El ICE debía, en su gestión y desarrollo, dar solución pronta y eficaz a la escasez de fuerza eléctrica en la Nación, cuando ella exista, y procurar que haya en todo momento energía disponible para satisfacer la demanda normal y para impulsar el desarrollo de nuevas industrias, el uso de la electricidad en las regiones rurales y su mayor consumo doméstico. Para ello empezaron a desarrollarse proyectos hidroeléctricos que han asegurado esa electricidad y el progreso material de las distintas regiones del país, resultado de la política que la Junta de Gobierno estableció de asegurar la construcción de nuevas plantas de energía hidroeléctrica y de redes de distribución de la misma, dentro de los límites de las inversiones económicamente justificables.
Así surgió el ICE para promover el desarrollo industrial y la mayor producción nacional haciendo posible el uso preferencial de la energía eléctrica como fuente de fuerza motriz y de calefacción, ayudando por medio de asesoramiento y de la investigación tecnológica, al mejor conocimiento y explotación de las fuentes de riqueza del país.
Al ICE se le encargó, por la Junta de Gobierno, el procurar la utilización racional de los recursos naturales y terminar con la explotación destructiva y desperdiciada de los mismos. En especial, tratar de promover el uso doméstico de la electricidad para calefacción en sustitución de los combustibles obtenidos de los bosques nacionales y de combustibles importados, e impulsar el uso de la madera como materia prima industrial.
Asimismo, conservar y defender los recursos hidráulicos del país, protegiendo las cuencas, las fuentes y los cauces de los ríos y corrientes de agua, tarea en que deberían ayudar al entonces llamado Servicio Nacional de Electricidad y los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas, por medio de un programa de cooperación mutua.
La Junta de Gobierno señaló la necesidad de ayudar a la habilitación de tierras para la agricultura por medio del riego y la regulación de los ríos, cuando esto fuera económicamente factible al desarrollar en forma integral los sitios que se usaren para producir energía eléctrica.
Igualmente, el ICE debía hacer de sus procedimientos técnicos, administrativos y financieros, modelos de eficiencia que no sólo garantizaran el buen funcionamiento del Instituto, sino que pudieran servir de norma a otras actividades de los costarricenses; así como, procurar el establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de los servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas, para lo cual tendría de pleno derecho la concesión correspondiente por tiempo indefinido.
Para su extraordinaria labor, la Junta de Gobierno le dio al ICE personería jurídica y la más completa autonomía, a fin de que estuviera en la mejor posición para llenar sus objetivos. A cambio de esa autonomía, el Estado demandaría que el Instituto, y todos los que formaren parte de él, respondieran con absoluta responsabilidad a la realización plena de los objetivos expresados en esta ley.
Como Institución se le dio una duración de noventa y nueve años, de los cuales han trascurrido setenta y cinco.
Como institución autónoma, el Instituto ejercería su gestión administrativa y técnica con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, guiándose exclusivamente por las decisiones de su Consejo Directivo, el cual actuaría conforme a su criterio y con apego a las leyes y reglamentos pertinentes y a los principios de la técnica, y sería responsable de su gestión en forma total e ineludible. Igualmente, tendría capacidad para entrar en contratos de todo orden lícito; para comprar, vender y arrendar bienes muebles e inmuebles, valores y empresas dentro de los propósitos de su creación; para emprestar, financiar e hipotecar; y para toda otra forma de gestión comercial y legal que fuera necesaria para el desempeño de su cometido, dentro de las normas corrientes de contratación que su situación financiera le permitiera, sin incurrir en riesgos indebidos para la estabilidad de la institución.
A los miembros de la Junta Directiva del ICE, la Junta de Gobierno, les dio entera independencia del Poder Ejecutivo, siendo los únicos responsables de su gestión ante la ley, inamovibles durante el período de su cargo, establecido en ese momento de ocho años, salvo el caso de declararse contra ellos alguna responsabilidad legal.
En el caso de solicitudes de concesión para aprovechamientos hidráulicos mayores de quinientos caballos de fuerza, el Instituto podía ejercer un derecho de prioridad, previa demostración al Servicio Nacional de Electricidad para proceder a desarrollar el sitio de que se tratare, por los siguientes cinco años.
En 1951, el grupo político emergente con la guerra civil, fundó el partido político llamado Liberación Nacional, que desde 1953 empezó a participar en elecciones con éxito. De los 18 gobiernos que ha habido desde ese año, ha tenido nueve bajo sus riendas, de los cuales en sus primeros cuatro, veló por el desarrollo institucional que surgió de las políticas de la Junta de Gobierno. En los siguientes mantuvo una posición de indiferencia y complacencia con las políticas privatizadoras que se impulsaban internacional y nacionalmente, y de silencio cómplice con las entreguistas de los recursos naturales.
Del gobierno de Mario Echandi apenas se rescata, en ese entramado, el fortalecimiento que le dio al SNAA, y a la protección del agua, y del recurso hídrico, que le mereció un monumento, en la pista General José María Cañas, rumbo a Alajuela, monumento que han eliminado, probablemente como parte de esa estrategia de debilitar los símbolos protectores del agua y la electricidad nacional, frente a los interesados en apropiarse de esas riquezas naturales nacionales.
Con el ICE, y el desarrollo eléctrico en todo el país, con sus trochas instalando postes y llevando electricidad, se abrieron las puertas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, para evitar la fuga campo-ciudad; de llevar educación y salud a la población rural del país. El ICE se convirtió en el motor y eje principal del desarrollo nacional, lo que le da un valor estratégico en la generación de riqueza.
Esta situación ha hecho que sobre el ICE caigan los grupos interesados en su privatización, en la tercerización de sus servicios, en romper el control monopólico que tiene en el sector, en apropiarse de la riqueza económica que genera. Intentos en esta dirección se han hecho abiertamente desde el año 2000 cuando se dieron las luchas contra el llamado Combo del ICE, un conjunto de leyes orientadas en ese sentido. Allí se afirmó la defensa de la institución eléctrica.
Desde entonces, no han dejado de revolotear las aves de mal agüero con la intención de apropiárselo. Abierta o solapadamente se mueven y vuelan a su alrededor, como animales depredadores y aves carroñeras. Por cierto, el jaguar es un típico animal depredador.
Actualmente, en la corriente legislativa se encuentra un proyecto de ley orientado en esta dirección de debilitar al ICE para fragmentarlo y vender lo que se pueda de él, para quitarlo del patrimonio que nos fue heredado, al pueblo y la nación costarricense, por la Junta de Gobierno en 1949.
Parte del diseño estratégico de esta venta es hacer sentir a la población, que el ICE está mal administrado, que no alcanza a llenar las necesidades nacionales ni de la población, que no satisface la demanda eléctrica. En esta dirección, de manera perversa, se han provocado intencionalmente apagones, se bajó el caudal de aguas de las represas, se vendió electricidad a países centroamericanos afectando las reservas de agua nacionales con esa oscura intención, que no se pudo materializar en toda su extensión por las lluvias que la naturaleza nos ha obsequiado, evidenciando, y paralizando a la vez, las tendencias antinacionales y antipatrióticas de los agentes vendedores del ICE y de quienes promueven el proyecto de ley que debilita la institución más importante y estratégica del Estado para el desarrollo y la economía nacional. Con esas acciones pretenden engañar a los ciudadanos de que, siendo el ICE incapaz de atender su ámbito de acción, es necesario privatizarlo para que sea el sector privado nacional o extranjero el que pueda resolver la atención de la demanda y las necesidades eléctricas del país, lo que no es cierto.
Por el alcance de la proyección institucional del ICE, en toda la geografía nacional, los trabajadores del ICE hoy, como ayer, en las luchas del Combo, deben contribuir a alertar sobre este desafío que enfrenta la institución. Si el ICE se privatiza y sale de la órbita del Estado, el país avanzará a mayores índices de pobreza, de extrema pobreza, de mayor encarecimiento del costo de vida y mayor reducción del poder adquisitivo de los salarios e ingresos de las personas, que ya están en el quinto año de congelamiento, sin que los costos de los servicios en paralelo se congelen.
El hermano siamés del ICE, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, opera con igual perversidad. Hay dentro de esa institución políticas de hacer ver las dificultades de atención de los recursos hídricos, con igual interés de indisponer a la población con el SNAA para su posible privatización.
La cañería en la ciudad de San José se inauguró en 1865. La fuente traída para ese propósito está al frente de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, de la Universidad de Costa Rica, recordándonos el esfuerzo que desde hace 159 años nuestros presidentes de entonces, hicieron por mejorar la calidad de vida de los costarricenses, impulsando una infraestructura institucional, que fue desarrollándose por los cantones para garantizar agua pura, potable en todo el territorio nacional, para todos los habitantes de nuestro país.
Costa Rica está considerada como una de las naciones de mayor riqueza hídrica de todo el continente americano, con una capacidad de poco más de 113.1 km3 anuales de agua, de los cuales 73 km3 corresponden a la escorrentía superficial, y alrededor de 40 km3 a la recarga natural de acuíferos; con 34 cuencas hidrográficas, formando parte de las principales cinco cuencas hidráulicas más importantes del mundo, con un consumo de agua del 63% que proviene de nacientes, un 23% de pozos y un 10% de quebradas, siendo el 93% del agua total utilizada en las actividades del país, proveniente de aguas superficiales. Esa condición permite satisfacer las necesidades básicas de las personas, favorecer los altos índices de salud y longevidad que hay en Costa Rica y estimular la producción de alimentos, tanto como la de energía eléctrica.
Recordemos, igualmente, que a finales de la década de 1870, y a principios de la década de 1880, ya se iniciaba en el país la explotación eléctrica, resultado de lo cual se inauguró la iluminación pública en 1884, siendo la ciudad de San José, la tercera ciudad “iluminada”, con unos cuantos faroles de la época, del mundo, después de Paris y New York. En 1896 ya se vendía electricidad para el sector privado. El Teatro Nacional al inaugurarse en 1897 ya tenía electricidad incluida.
Desde principios del siglo XX, a partir de 1900, los cantones en sus nacimientos y desarrollos fueron previendo las instalaciones de electricidad y de agua. En manos privadas, hasta la guerra civil de 1948, estos elementos básicos para la población, electricidad y agua, no alcanzaban a cubrir el 10% de la población ni del país. En manos del Estado, hoy hay electricidad en todo el territorio nacional y el agua potable se puede beber en cualquier parte del país.
Todo esto es lo que hay que salvar frente a los jaguares depredadores del Estado nacional, de la institucionalidad pública, que quieren vender y deshacerse del ICE y del SNAA.
Los trabajadores, y los sindicatos de estas instituciones, tienen una tarea y un compromiso importante con el resto de los ciudadanos y trabajadores, de protegerles estas sagradas fuentes de vida, de los jaguares depredadores que también hay en la Asamblea Legislativa trabajando afanosamente, por liquidarlas y sacarlas del ámbito del Estado costarricense.
Los costarricenses también debemos estar alertas frente a estos atentados criminales de despojarnos de estas riqueza nacionales e institucionales, del agua y la electricidad.
No se deben privatizar. Se deben fortalecer institucionalmente permaneciendo en manos del Estado.
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