Hospital Monseñor Sanabria Martínez (Fotografía tomada del Facebook del hospital)
La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detalló en un informe del 25 de setiembre, del cual crhoy.com tiene copia, el comportamiento de las incapacidades por temas asociados a la salud mental en el Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.
El órgano auditor resaltó que este centro hospitalario fue de los que más incapacidades mayores a 15 días emitió entre el 2019 y 2023.
En este periodo, se emitieron desde el Monseñor Sanabria 429 incapacidades por salud mental y por esto se consideró en el informe que resultaba llamativo que un hospital regional, como lo es el de Puntarenas, emitiera cantidad de boletas de incapacidad comparable a la de los hospitales nacionales y especializados.
Este mismo fenómeno se da en el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, donde se emitieron 541 incapacidades de este tipo.
Los hospitales que más emitieron incapacidades por salud mental de plazos mayores a los 15 días, fueron el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, San Juan de Dios y Nacional de Salud mental, pero para la auditoría este comportamiento sí se justifica porque cuentan con médicos especialistas que toman “decisiones basadas en la ciencia y en la experiencia técnica de los profesionales de salud”.
Por estos y otros hechos relacionados con incapacidades, la Auditoría advirtió a Alexander Sánchez, gerente médico, y a Paula Villalobos, coordinadora de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades. A Sánchez le recordó que es responsabilidad de la Gerencia Médica definir, mantener y perfeccionar los mecanismos de control interno.
A ambos se les dio un plazo de 3 meses para que informen sobre las acciones realizadas en este tema.
Venta de incapacidades
Poco más de 2 meses después de esta alerta de la Auditoría Interna de la CCSS, el Poder Judicial realizó allanamientos por hechos presuntamente delictivos relacionados con incapacidades en el hospital de Puntarenas. De momento, se desconoce si hay un vínculo entre el informe de Auditoría y las diligencias judiciales.
Este miércoles, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 7 allanamientos para desarticular a una red de funcionarios de la CCSS que aparentemente lucraban con un ilícito negocio de licencias médicas.
Al menos 22 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Poder Judicial, al parecer llegaron a pagar montos de hasta ₡450 mil para conseguir incapacidades de hasta tres meses, según OIJ.
Muchos de los pacientes vinculados con la aparente compra de incapacidades, no residen en Puntarenas y aun así conseguían ser atendidos por un psiquiatra de apellidos Mora Ávila que labora en el hospital Monseñor Sanabria, a quien se le achaca cobrar hasta ¢150 mil mensuales por cada incapacidad falsa.
Por esa razón, hubo allanamientos en las casas de 2 de los 3 funcionarios del centro hospitalario, ubicadas en San Miguel de Barranca y El Roble en Puntarenas. En esa localidad también se registró el consultorio privado del médico psiquiatra Alberto Mora Ávila.
Sus lugares de trabajo en dicho hospital también fueron allanados, así como el Departamento de Tecnología de la Información de la Caja.
La CCSS informó, mediante sus encargados de prensa, que la administración del hospital “está colaborando con los requerimientos de las autoridades judiciales”, y por el momento no brindarán mayores detalles.
Las autoridades del establecimiento de salud informan que estas gestiones son concordantes con las actividades de control interno que ejerce la administración activa del centro médico, mediante la revisión constante de los procesos de trabajo, señalaron mediante un breve comunicado.
Source
Ambar Segura