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Los nombramientos presuntamente irregulares por los cuales se investiga al alcalde de Cartago, Mario Redondo, fueron denunciados desde el año 2022 ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Así consta en un expediente al cual crhoy.com tuvo acceso.
La mañana de este martes, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realizó un allanamiento en la Municipalidad de Cartago para conseguir evidencia sobre la presunta contratación irregular de un familiar del alcalde, quien fue denunciado por el aparente delito de incumplimiento de deberes.
Pero fue en setiembre del 2022 cuando se reportaron las anomalías inicialmente ante el TSE, con la petición de cancelar o anular las credenciales de Redondo Poveda. Entre lo denunciado destacan varios presuntos nombramientos que no cumplirían con los requisitos.
Por ejemplo, en la denuncia se refuta que una funcionaria que estaba nombrada como miscelánea fuera designada como recepcionista en la alcaldía municipal sin cumplir con los requerimientos del puesto, pese a que en el Departamento de Servicios Generales había falta de personal.
Otra de las personas que presuntamente estaban ejerciendo funciones ajenas a su designación original, era una secretaria general cuyo puesto en apariencia no debía ser ocupado por nadie, dado que existía una advertencia de la Auditoría Interna.
En este caso, se denunció que la persona asignada tampoco cumplía con las exigencias de la ley.
Otros de los cuestionamientos expuestos en la denuncia es la transformación de la plaza a un coordinador de transportes, pese a la existencia de una aparente resolución que recomendaba el despido del funcionario a cargo, además de la designación de un inspector sin los requerimientos del puesto.
El Ministerio Público informó este martes que el operativo realizado en la sede municipal respondía a hechos de entre 2 y años atrás. El primero fue el nombramiento denunciado ante la autoridad judicial en 2021.
Se presume que en aquel momento, un hombre de apellido Fonseca fue nombrado como inspector, aunque este tendría parentesco de tercer grado de afinidad con el alcalde.
Esto pese a que iría en contra de lo establecido en el artículo 136 del Código Municipal, el cual señala que no existe la posibilidad de que cónyuges o parientes de hasta tercer grado de concejales, el alcalde, auditores y directores o jefes de personal, y cualquier funcionario que tenga relación con la escogencia de personas para puestos municipales, pueda ocupar un puesto en la institución.
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Familiares de síndico
Parte de los hechos investigados ahora por el Ministerio Público, también fueron denunciados ante el Tribunal Supremo de Elecciones y corresponden a agosto del 2022. Así consta en parte del expediente administrativo del cual crhoy.com tiene copia.
Alrededor de esa fecha se nombró de forma interina a una mujer de apellido Cerdas, como encargada de la Unidad de Gestión Humana, quien sería familiar en primer grado de una persona, que en el 2020 fue electo como síndico de la localidad de Quebradilla.
Según la denuncia, Rafael Ángel Cerdas Trejos se desempeñaba entonces como síndico propietario que representaba al distrito de Quebradilla ante el Concejo Municipal.
Mientras formaba parte, su hija llamada Pilar Cerdas Flores, fue nombrada de forma interina en el puesto de encargada de la Unidad de Gestión al Ciudadano, lo que al parecer fue un ascenso dado que ella ocupaba el cargo de secretaria 3, tal como constaba en las listas salariales del año 2021.
El ajuste le habría representado un incremento salarial significativo a la funcionaria. Adicionalmente, el 1.º de febrero de ese año, al parecer se anunció a nivel institucional la contratación de Luis Eduardo Araya Hidalgo como abogado del área legal de la Municipalidad de Cartago.
Araya Hidalgo es el esposo de Pilar Cerdas y por ende, yerno del síndico Rafael Cerdas, de acuerdo con el Registro Civil. Araya también ha fungido como asesor jurídico-legal de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
Cabe señalar que posteriormente, el síndico Cerdas Trejos renunció. Fue el 20 de febrero de 2023, cuando el Concejo Municipal de Cartago conoció la dimisión. Una semana después informaron al Tribunal Supremo de Elecciones la separación y resolvió cancelar la credencial.
La denuncia fue interpuesta por la ex vicealcaldesa del periodo anterior, Silvia Alvarado, quien señaló que la renuncia del síndico no era motivo para abandonar la investigación.
“El ilícito o la trasgresión a la norma se dio en el preciso momento que se le dio el ascenso a su hija, cuando estuvo y formó parte del Concejo Municipal como síndico propietario y no se desvirtúa con la renuncia, ahora es muy fácil disimular la ilegalidad cometida cuando ya se concretó“, señaló la ex vicealcaldesa en una ampliación de la denuncia.
Crhoy.com consultó al TSE en qué culminó el expediente 036-DISE-2022, y al Ministerio Público se solicitó aclarar si los hechos adicionales expuestos en dicha denuncia también son investigados en la causa penal 24-000006-1878-PE, pero ambas gestiones están en trámite.
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¿Qué responde Redondo?
El alcalde de Cartago, Mario Redondo, calificó la investigación en su contra como “persecución” e “improcedente”, luego de que el Ministerio Público realizó el allanamiento para buscar evidencia sobre la presunta contratación irregular.
El funcionario señaló que los movimientos de personal tienen respaldo jurídico de cuando se hicieron.
“Estamos clarísimos, estamos en un año preelectoral hay gente que ya anda sacando cálculos políticos. Hay personas que llevan al Ministerio Público y presionan para que se actúe contra una u otra persona y tal vez algunos me ven como un oponente político, que no lo soy porque no ando en esa posición”, señaló el jerarca municipal.
Source
José Adelio Murillo
