Un hombre de 58 años de Arizona, identificado como Mark Adams Prieto, ha sido acusado de planear durante meses un tiroteo masivo en un concierto de Bad Bunny en Atlanta, con la intención de desencadenar una «guerra racial» antes de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.
Según informa Billboard, Prieto enfrenta cargos por tráfico de armas, transferencia de armas para uso en crímenes de odio y posesión de arma de fuego no registrada, después de una investigación llevada a cabo por el FBI que culminó en su arresto el mes pasado.
El Departamento de Justicia ha confirmado que Prieto actualmente está bajo custodia y será trasladado desde Nuevo México a Arizona para enfrentar los cargos en su contra.
Origen de la Investigación
La investigación se inició después de que una fuente confidencial informara a un agente del FBI en Phoenix sobre los planes de Prieto. Esta fuente reveló que había tenido múltiples conversaciones con Prieto en ferias de armas durante más de tres años, donde sus discusiones pasaron de temas triviales a debates políticos.
El informante afirmó que Prieto comenzó el año pasado a expresar comentarios alarmantes sobre su deseo de llevar a cabo un tiroteo masivo dirigido contra afroamericanos, judíos y musulmanes, con la creencia de que esto provocaría un conflicto racial y llevaría a la implementación de la ley marcial después de las elecciones de 2024.
Detalles del Plan
Prieto había señalado específicamente su interés en atacar un concierto de hip-hop debido a la alta concentración de afroamericanos en ese tipo de eventos. Tenía la intención de dejar símbolos como banderas confederadas y mensajes asociados al Ku Klux Klan como parte de su plan.
Arresto y Respuesta Legal
El arresto de Prieto tuvo lugar el 14 de mayo en Nuevo México, donde reconoció ante los agentes encubiertos haber discutido sus planes, aunque negó tener la intención real de llevarlos a cabo.
Cada uno de los cargos que enfrenta Prieto conlleva severas penas. El tráfico de armas y la transferencia de armas para uso en delitos de odio pueden resultar en hasta 15 años de prisión, además de multas de hasta 250 mil dólares. Por su parte, la posesión de un arma de fuego no registrada puede llevar a una condena de hasta 10 años de cárcel, junto con multas de hasta 250 mil dólares.
Este caso resalta la seriedad con la que las autoridades abordan las amenazas potenciales de violencia armada y la importancia de prevenir actos de odio y extremismo en la sociedad.
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Redacción
