En apenas dos años, un sujeto identificado como el presunto cabecilla de una red de legitimación de capitales logró lo que para muchos costarricenses sería impensable: incrementar su fortuna personal en más de ₡1.000 millones, según reveló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Este incremento patrimonial, fuera de toda lógica económica convencional, fue uno de los principales hallazgos que motivaron una operación nacional de 24 allanamientos simultáneos llevados a cabo este jueves en zonas como Guatuso, Escazú, Upala, Alajuelita, San Carlos y Tres Ríos. El despliegue busca capturar a 8 personas vinculadas al llamado Caso Tómbola, una investigación por lavado de dinero de alto perfil.
Red de negocios y fachada familiar
Según el OIJ, el sospechoso, de apellidos Mora Durán, no actuaba solo. Lo acompañaban familiares y allegados que, bajo la apariencia de empresarios legítimos, administraban una cadena de negocios que funcionaban como fachada para introducir dinero ilícito al sistema financiero.
Entre estos negocios figuran puestos de lotería, dos agencias de autos de lujo, una licorera, una librería y hasta una empresa constructora. Todos estos comercios operaban de forma paralela y coordinada, facilitando el ocultamiento del origen real del dinero.
La policía judicial destaca que fue entre 2021 y 2022 cuando se evidenció el crecimiento abrupto en los bienes y movimientos financieros del líder del grupo, en una dinámica que claramente encendió las alarmas de las autoridades.
Funcionarios bajo la lupa
Dentro de los implicados, el OIJ también apunta a la participación de al menos un funcionario municipal y un empleado del Banco Nacional, lo que podría ampliar la dimensión del caso hacia esferas institucionales. Si se comprueba que hubo complicidad desde adentro del sistema público o bancario, este escándalo podría adquirir proporciones aún más graves.
Las diligencias judiciales continúan desarrollándose mientras las autoridades analizan pruebas recolectadas durante los allanamientos, que incluyen documentos contables, dispositivos electrónicos y registros financieros.
Contexto y consecuencias
Este caso se inscribe en una tendencia creciente de lavado de dinero mediante negocios que aparentan legalidad, como lo ha advertido el OIJ en otras investigaciones recientes. El uso de comercios como fachada —especialmente en sectores donde el manejo de efectivo es común— sigue siendo una técnica recurrente para grupos criminales que buscan “blanquear” dinero proveniente de actividades ilícitas.
Además del impacto económico, este tipo de redes representan un peligro para la transparencia institucional y la confianza ciudadana, especialmente si se confirma que hubo colaboración desde adentro del sector público o financiero.
El país observa ahora con atención el avance del proceso judicial, que podría arrojar nuevas revelaciones sobre las estructuras ocultas de crimen organizado en Costa Rica.
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