
Publicado: junio 17, 2025
Operación Zócalo: seis meses de seguimiento culminan en arrestos
Lo que comenzó como una denuncia anónima se transformó en una investigación compleja que duró seis meses y desembocó este martes 17 de junio en la captura de dos personas en Moracia de Nicoya, provincia de Guanacaste. Bajo el nombre de “Operación Zócalo”, oficiales de la Policía Profesional de Migración, en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, arrestaron a dos costarricenses sospechosos de participar en un atroz caso de trata de personas con fines de explotación sexual.
Los detenidos, identificados por sus apellidos como Orías Orías y Molina Pérez, fueron remitidos al Ministerio Público de Nicoya para enfrentar cargos por este delito, considerado de alta gravedad en la legislación costarricense.
Una traición familiar: la abuela como facilitadora del abuso
La información revelada por las autoridades indica que la mujer detenida sería la abuela materna de la víctima, una menor de edad cuya identidad se mantiene en reserva. Según el expediente judicial, Molina Pérez habría ofrecido a su nieta a Orías Orías para ser explotada sexualmente, a cambio de una compensación económica.
La mujer supuestamente se valió de coacción, engaño y abuso de poder, aprovechándose de la vulnerabilidad de la menor y de su condición de familiar directo, lo que constituye una circunstancia agravante según la Ley contra la Trata de Personas.
Castigos más severos cuando hay abuso de confianza
El delito de trata de personas con fines de explotación sexual está penado en Costa Rica con entre 6 y 10 años de prisión. No obstante, la condena puede aumentar a entre 8 y 16 años si se presentan circunstancias agravantes, como en este caso, donde:
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La víctima es menor de edad.
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El autor tiene un vínculo familiar directo.
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Se ha abusado de una posición de autoridad o confianza.
La legislación costarricense contempla estas agravantes como mecanismos de protección reforzada para las víctimas en situación de mayor riesgo, como niñas, adultos mayores o personas con discapacidad.
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