Chaves insiste en afirmación falsa sobre la Dirección Jurídica de la CCSS | NCR Noticias

Captura de pantalla: El Mundo CR.


Una reiteración incorrecta desde la Presidencia

Durante su programa semanal transmitido desde Casa Presidencial, el mandatario Rodrigo Chaves volvió a referirse, de forma equivocada, al alcance legal de los criterios emitidos por la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Según sus palabras, estas opiniones legales serían obligatorias para la Junta Directiva, lo cual contradice el reglamento interno de la institución.

“Por eso necesitamos reformar la ley de la Caja. Es absurdo y asqueroso que el director jurídico dé un consejo que es vinculante para la Junta. Entonces, ¿para qué existe la Junta Directiva?”, cuestionó Chaves, en alusión al reciente conflicto por la ley que permite pensionar a funcionarios del OIJ a los 55 años.


El Reglamento desmiente al mandatario

Las afirmaciones del presidente han sido refutadas con claridad por el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección Jurídica de la CCSS, específicamente en su artículo 12, el cual establece lo siguiente:

“Los criterios emitidos por esta Dirección Jurídica son de acatamiento obligatorio para las gerencias, hospitales, clínicas, áreas de salud, direcciones regionales y sucursales.”

No se hace referencia a la Junta Directiva como parte de los entes obligados a seguir dichos dictámenes.

Por tanto, la afirmación presidencial carece de fundamento jurídico y representa una tergiversación de las normativas internas de la institución.

Una insistencia que ya tiene antecedentes

No es la primera vez que Chaves sostiene esta postura. El pasado 5 de marzo, junto a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, el mandatario ya había asegurado que los dictámenes del área jurídica eran vinculantes para la Junta, en referencia a la polémica sobre el hospital de Cartago.

“Las recomendaciones que le da el director jurídico a la Junta Directiva son vinculantes”, afirmó en aquella ocasión, usando esa premisa como argumento para acusar una supuesta pérdida de poder del Ejecutivo dentro de la toma de decisiones institucionales.


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