El reconocido futbolista costarricense Celso Borges volvió a protagonizar titulares, esta vez no por sus goles ni pases certeros, sino por una jornada maratónica en los tribunales donde se ventiló su disputa con Marta Peralta, su aún esposa, por una pensión alimentaria y una denuncia por presunta violencia doméstica.
La audiencia tuvo lugar este martes 22 de abril en el Juzgado de Pensiones del Primer Circuito Judicial de San José. El encuentro legal, que inició a las 8 de la mañana y se extendió hasta el final de la tarde, tenía como objetivo principal revisar el monto mensual que Borges debe pagar a Peralta tras la separación. Actualmente, el futbolista entrega una pensión de ¢1.800.000, pero la parte demandante insiste en que esa suma no cubre los gastos mensuales de la española, los cuales, según su abogado Hugo Navas, rondan los ¢3.000.000.
Aunque las expectativas eran altas respecto a una decisión inmediata, la jueza encargada del caso prefirió valorar todas las pruebas y testimonios con más detalle antes de emitir un fallo. La resolución, confirmó el Poder Judicial, será comunicada por escrito en los próximos días.
Pero la disputa no se queda únicamente en el plano económico. Marta Peralta también presentó una denuncia por presunta violencia doméstica contra Borges, lo que dio origen a la exposición pública de este conflicto con tintes personales. Como si eso no fuera suficiente, la española también dirigió una acusación hacia Alexandre Guimarães, padre del jugador y reconocido técnico de fútbol, lo cual ha encendido aún más la atención mediática sobre el caso.
Celso y Marta contrajeron matrimonio en 2020 y, según trascendió, fue a finales de 2024 cuando comenzó el proceso de separación. La relación, que parecía estable desde el exterior, terminó siendo mucho más compleja, al punto de escalar a un juzgado donde ahora se dirime no solo lo económico, sino también temas delicados que involucran la integridad de ambas partes.
Por ahora, la pensión sigue siendo la misma: ¢1.800.000 mensuales. Y mientras se espera la sentencia oficial, la atención pública se mantiene en vilo ante un caso donde el balón está, literalmente, en manos de la jueza.
