Recientemente, 200 personas deportadas desde Estados Unidos llegaron a Costa Rica y fueron alojadas en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), ubicado en el sur del país.
Aunque algunos aspectos del proceso parecen cumplir con las normas de derechos humanos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), comité adscrito a la Defensoría de los Habitantes, señaló preocupaciones serias sobre la situación de los migrantes, su acceso a refugio y los tratos que reciben en el centro.
Uno de los puntos más críticos es la supuesta privación de libertad de facto a la que se enfrentan las personas en el CATEM. Aunque se les ha informado que están allí de manera temporal, afirman que no pueden salir por su propia voluntad.
Este tipo de restricción de movimiento, sin una base legal clara, se considera “privación de libertad de facto”, lo que implica una violación de su derecho a la libertad.
“En el derecho internacional se considera privación de libertad de facto si a las personas migrantes se les restringe su libertad de circulación afuera del lugar de ubicación, sin una base legal con causal legítima (por ejemplo, sin haber cometido un delito penalizado por el ordenamiento jurídico, o sin medida cautelar de aprehensión, como es el caso de estas personas); si no hay acceso a revisión judicial efectiva; si las condiciones son similares a una detención formal y no pueden salir por su propia voluntad y consentimiento (hay vigilancia, prohibición de salida, coerción); si no se usan alternativas menos restrictivas. Es una privación de libertad a pesar de que se usen nombres como “retención temporal”, “atención transitoria”, “alojamiento humanitario”. Hay que recordar que estas personas son deportadas forzadamente desde EEUU, sin su voluntad”, indicó la entidad.
Además, algunos de los deportados expresaron que previo a su llegada, en Estados Unidos, llegaron a sentirse como criminales, a pesar de no haber cometido ningún delito.
Esta sensación de criminalización ha generado ansiedad y desesperación entre muchos de ellos, especialmente entre los menores de edad, indica la entidad.
“Como efectos psicosociales de estos tratos, expresaron la incertidumbre de la desinformación; la ansiedad particular presentada en la gran cantidad de menores de edad pertenecientes al grupo; la sensación de ser tratadas como ‘criminales’ que han cometido delitos; el desánimo y la desesperación sobre el futuro; así como se constató lesiones en muñecas y tobillos por el uso prolongado de grilletes” (en su detención en EE.UU).
Otro punto preocupante es el acceso de los migrantes al refugio en Costa Rica. Aunque el gobierno ha señalado que planea trasladar a algunos a otro país, no está claro cómo se gestionará su solicitud de refugio dentro del país.
Esto genera una gran incertidumbre entre los deportados, ya que muchos temen ser devueltos a países donde su seguridad está en riesgo.
El MNPT también señala que existe el riesgo de trato diferenciado entre los deportados y otros migrantes en el CATEM, como los venezolanos.
Las 200 personas deportadas podrían estar recibiendo mejores condiciones de alojamiento, acceso a servicios de salud y más tiempo de estadía, lo que podría generar percepciones de trato desigual.
Source
Argerie Vargas
