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Un posible juicio por el caso de supuesta corrupción conocido como el Cementazo, quedó en el aire, luego de que se anuló la audiencia preliminar que estuvo en curso en el mes de setiembre pasado. Este trámite es para definir si el caso se eleva a debate o no.
Tras avanzar 2 meses en el proceso, la jueza a cargo decidió anular todo, lo que pone en riesgo de generar un atraso de meses o incluso años. La jueza encargada decretó una supuesta actividad procesal defectuosa de oficio.
Es decir, sin que nadie lo pidiera, consideró que existe un vicio en el procedimiento que según ella, no se podía corregir, solo comenzando de nuevo. El defecto procesal está relacionado con 2 de las sociedades que eran representadas por Juan Carlos Bolaños y que son co-demandas civiles.
Estas personas jurídicas vinculadas a Bolaños son sociedades que están siendo demandadas en la acción civil de la Procuraduría, por ende, no tienen relación con los demás imputados.
Al parecer, el Juzgado Penal de Hacienda recibió información de que las sociedades de Bolaños habían sido disueltas hace poco y cuando las sociedades se disuelven, hay que nombrar un liquidador, es decir, un nuevo representante.
Por esa razón, la jueza consideró que esa información cambiaba las circunstancias porque al estar disueltas y no tener todavía liquidador, podrían estar en estado de indefensión y que por ende eso producía un vicio que obligaba a anular todo lo actuado.
De esta forma, se invalidó la audiencia preliminar, para tener que volver a empezar desde cero dicha diligencia. Ante este panorama, en noviembre pasado 2 abogados defensores presentaron recursos para tratar de “salvar” el avance que habían conseguido.
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Pero los esfuerzos no rindieron frutos, y ahora están a la espera de nuevo. Así lo explicó el abogado Gerardo Huertas.
“Habíamos planteado recursos de revocatoria con apelación de subsidio en contra de la resolución que anuló la audiencia preliminar. Ya la misma había rechazado la revocatoria sin mayor fundamento alguno, entonces ordenó enviar el expediente al Tribunal superior, para que nos diera una audiencia de apelación.
La vista la acaban de señalar hasta el 26 de marzo de este año, entonces los 2 defensores estamos desistiendo del recurso de apelación. La idea de esto era que resolvieran en la misma semana para que tuviera algún sentido práctico, pero si nos están dando la vista para conocer el recurso como 5 meses después de suspendida la audiencia, pues no tiene sentido”, detalló el jurista indicando que este camino podría atrasar más el proceso.
El principal sospechoso es Juan Carlos Bolaños Rojas, propietario de la empresa Sinocem, así como Javier Rojas Zúñiga y Mario Cortés Zúñiga, gerentes de Sinocem.
También figuran como imputados en la causa Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, exsubgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, exdirector de Gestión de Créditos y Paola Mora Tuminelli, expresidenta del BCR.
Además, Gilbert Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR, así como están imputados Leonardo Acuña Alvarado, exgerente de Finanzas y Riesgo del BCR, quien falleció en un accidente de tránsito a inicio de 2024 y sobre quien se dictaría un sobreseimiento.
Desde hace dos años está lista la acusación: en julio de 2022, el Ministerio Público señaló los posibles delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización y encubrimiento de bienes públicos.
Source
José Adelio Murillo
