{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
La Contraloría General de la República (CGR) realizó un informe de auditoría con respecto al préstamo de $100 millones que brindó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz (MJ).
El ente de fiscalizador identificó decisiones que “podrían afectar al cumplimento de los objetivos del programa“, tales como:
Reducir la cantidad de delegaciones a construir de 35 a 21, sin analizar la afectación al ciudadano.
Retrasos en el proceso de contratación para la construcción del Centro de Mando y Control Policial.
La no coordinación para la recepción e instalación de equipos donados por la Embajada de Estados Unidos.
Falon Arias Calero, gerente de fiscalización para el desarrollo de la gobernanza, explicó que el cambio en la cantidad de delegaciones policiales “no cuenta con un análisis integral respecto de la afectación o incidencia en las comunidades, así como en el objetivo del programa y cumplimento de la necesidad pública“.
La decisión de disminuir el número de delegaciones policiales por construir, definidas como parte del componente de efectividad policial del programa, no consideró el análisis integral de la incidencia en los objetivos del programa ni en la necesidad pública por atender. Tampoco se consideraron alternativas para obtener recursos adicionales o mitigar los efectos de esta reducción, revela la auditoría.
De la misma manera, la auditoría expone que en noviembre de 2024 se decidió construir el Centro de Mando y Control Policial. Sin embargo, “se observan retrasos en el proceso de contratación para la construcción del centro“.
La Unidad Coordinadora del Programa estableció un cronograma en el cual se prevé la finalización de la infraestructura que albergará el Centro de Mando y Control Policial el 16 de enero de 2026. No obstante, al momento de la auditoría, se identificó un retraso de casi un mes respecto a la programación, revela la auditoría.
Además, no se ha coordinado para recibir los equipos que serán donados por Estados Unidos, lo cuales deben ser instalados dentro del Centro de Mando.
El Comité Director del Programa no ha coordinado la integración de requerimientos técnicos para la recepción e instalación de equipos y software donados por la Embajada de Estados Unidos para el funcionamiento del Centro de Mando y Control Policial. Si bien informó estar trabajando en un cronograma con diversos escenarios, no se especificó su estado de avance, contenido, ni relación con la infraestructura y los recursos donados, revela la auditoría.
“Si estas mejoras no se hacen a tiempo, la seguridad de muchos costarricenses quedará en riesgo. La seguridad ciudadana no puede esperar“, aseveró la Contraloría en un video.
La auditoría abarcó las acciones desarrolladas durante el 01 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2025.
En el informe la Contraloría expone que se han cumplido los “requisitos formales para la administración de los recursos y la evaluación periódica de la ejecución del contrato”.
Sin embargo, se identificaron debilidades en el monitoreo continuo de actividades y en la planificación de acciones clave del programa.
La CGR dispuso que el Comité de Dirección del Programa debe ejecutar un análisis integral sobre “los efectos en los objetivos del programa de la reducción en el número de delegaciones policiales por construir, y definir las acciones correspondientes”.
Asimismo, deben informar sobre los avances en la infraestructura del Centro de Mando y Control Policial, así como definir las características técnicas para la instalación, funcionamiento y operación de los equipos donados por EE. UU.
Source
Daniel Córdoba
