Leonardo Sánchez, nuevo ministro de Educación y exministra del MEP, Anna Katharina Müller.
El secretario del Partido Liberación Nacional (PLN) Miguel Guillén envió una solicitud a la Sala Constitucional para que eleve al Ministerio Público un testimonio de piezas sobre la desobediencia del Ministerio de Educación (MEP) a la sentencia que le ordenó reglamentar las pruebas de idoneidad docente.
En octubre del año pasado, la Sala IV le dio 2 meses al MEP para reglamentar la obligatoriedad de dichas pruebas que se deben aplicar a los docentes, pero a la fecha, esto no ha ocurrido.
Es una petición ante los magistrados de la Sala Constitucional para que con base en el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional se testimonie en piezas para eventualmente elevar el caso al Ministerio Público, que es el encargado de indagar y generar el procedimiento de investigación y posteriormente de acusación.
¿Por qué? Porque el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional establece muy bien la pena para aquellos funcionarios, en este caso autoridades de gobierno que incumplan el mandato de la Sala Constitucional establecido en la resolución en cuestión, que señaló con toda claridad un plazo de 2 meses para que el MEP rindiera el informe donde hiciera constar que ya había cumplido con lo que establece la ley, en este caso de implementar los exámenes a los docentes antes de ingresar a carrera dentro del MEP“, expuso Guillén en entrevista con crhoy.com.
Según la Ley de Jurisdicción Constitucional, al quedar en firme la sentencia de la Sala, el MEP debe acatar lo solicitado. En caso de desobediencia, se expone a una condena de hasta 2 años de cárcel.
El MEP solo tiene un camino y es demostrar que ya reglamentó la ley y que tiene un cronograma para aplicarla, para hacerla cumplir. Solo tiene ese camino. Si no prueba eso, que me parece no va a poder hacer, pero tendríamos que esperar a que el MEP conteste esta consulta que le está haciendo la Sala Constitucional, para tenerlo constatado.
Pero si mis sospechas se confirman, evidentemente la ley es clara y el Ministerio Público tendría que accionar frente a esta solicitud y frente a este incumplimiento que como digo, estamos a la espera de que la sala lo confirme o no, porque ya también se venció el plazo en el que la Sala Constitucional le solicita una respuesta definitiva a lo que hizo o no hizo el MEP, agregó Guillén.
Respuesta de la Sala a petición de Miguel Guillén por incumplimiento del MEP con respecto a la reglamentación de las pruebas de idoneidad docente.
En 2020, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley para el establecimiento de una prueba de idoneidad para la selección de los profesionales en educación que aspiran a laborar con el MEP.
Esta tarea de construcción e implementación que dicta la ley es responsabilidad de la cartera educativa y de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).
El mismo MEP detalla que “El objetivo del MEP es construir una prueba de idoneidad según los requerimientos de contratación establecidos por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y la Dirección General de Servicio Civil que deberán aplicar y aprobar los aspirantes a puestos docentes a partir del año 2021”, se lee en la página web del Ministerio.
Sin embargo, aún no hay un mayor avance para la implementación de dicha evaluación, desde que se estableció en la Ley y pese al llamado de la Sala.
Este medio consultó a la Sala si ya el MEP brindó una respuesta por el incumplimiento en la reglamentación de las pruebas, pero se está a la espera de una respuesta.
Funcionarios excluidos de la prueba
Recientemente, los sindicatos de Educación dieron a conocer que a raíz de las discusiones que se han hecho por el tema, de momento solo se ha determinado qué funcionarios serán excluidos de dicha prueba de idoneidad.
De acuerdo con una excepción que solicitó el MEP ante la Dirección General de Servicio Civil, estos son los funcionarios excluidos de la evaluación:
Funcionarios amparados bajo el artículo 15
Agentes de seguridad
Auxiliares de seguridad
Personal de comedores
El Servicio Civil ya aprobó esta solicitud, permitiendo que este grupo quede exento de la evaluación. Para los funcionarios activos que deben realizar la prueba y que están incluidos en el Transitorio IX, se aplicará una evaluación genérica orientada a medir habilidades y conocimientos generales, cuyo desarrollo está actualmente en proceso, detalló el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
La decisión se habría tomado debido a que las funciones de los trabajadores (agentes y auxiliares de seguridad y personal de comedores) no están necesariamente vinculados con parámetros evaluados en las pruebas para educadores.
En el caso de los nuevos ingresos al MEP, se diseñaría una prueba específica y diferenciada de la aplicada a los funcionarios en ejercicio.
Actualmente, hay tres grupos que deben aplicar dichas pruebas, entre ellos:
Primer grupo: Compuesto por 5,847 docentes en propiedad, de los cuales 1,519 deberán realizar las pruebas.
Segundo grupo: Formado por 1,519 docentes que adquirieron propiedad el pasado 1° de noviembre de 2024, de los cuales 270 están programados para realizar la evaluación.
Tercer grupo: Aún se analizan los funcionarios de este grupo.
Pese a las discusiones sobre la implementación de la prueba, aún se desconoce cuándo se comenzará a aplicar y cómo será la implementación de la misma. Por este tema se consultó al MEP, sin embargo, al cierre de la nota no se ha obtenido una respuesta.
Source
Rachell Matamoros
