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(AFP) Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo consolidaron su mando absoluto en Nicaragua: como presidente y “copresidenta” controlarán todos los poderes del Estado y a la sociedad civil, según una reforma constitucional ratificada este jueves por el Parlamento.
“Aprobada en su totalidad en segunda legislatura” la ley de reforma a la Constitución de Nicaragua, anunció la Asamblea Nacional en su cuenta en X. Este era el último paso antes de la entrada en vigor del cambio de la Carta Magna.
El mandato de gobierno pasa de 5 a 6 años y el rango de la ya poderosa Murillo sube de vicepresidenta a “copresidenta”, según la reforma aprobada en noviembre en un primer periodo de sesiones del Congreso dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar en Nicaragua una “dictadura familiar”, junto a su esposa, de 73 años.
La reforma, propuesta por Ortega, establece que los copresidentes coordinarán ahora “a los órganos legislativo, judicial, electoral” y de fiscalización, antes reconocidos como independientes en la Carta Magna.
Además, Nicaragua es definida ahora como un Estado “revolucionario” y “socialista”, e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en un comunicado su “profunda preocupación” por la aprobación de la reforma, al considerar que “profundiza retrocesos en libertades civiles y políticas” en el país centroamericano.
“Estos cambios drásticos marcan la destrucción del Estado de derecho y de las libertades fundamentales en Nicaragua (…) Ortega y Murillo han consagrado y consolidado su poder absoluto”, aseguró a la AFP el abogado estadounidense Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de la ONU sobre este país centroamericano.
Miles de encapuchados
Ortega y Murillo radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La reforma establece que el Estado “vigilará” a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”, y en el caso de las empresas para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto a Nicaragua.
También oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados “traidores a la patria”, como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores en los últimos años.
Otra de las controvertidas normas de la Constitución reformada es la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, como “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a lo ocurrido en 2018.
Con los rostros cubiertos con capuchas negras, más de 15.000 civiles han sido juramentados por las autoridades de Nicaragua como “policía voluntaria” desde mediados de enero, antes incluso de que fuera ratificada en su totalidad la reforma.
Durante las protestas, hombres encapuchados y fuertemente armados, que el gobierno llamó el “pueblo”, intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes.
La Constitución de 1987 ha sido reformada en una docena de ocasiones por los diputados afines a Ortega, incluida la que estableció la reelección presidencial indefinida.
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Ingrid Hidalgo
