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Siete personas vinculadas al caso “Piazza”, las cuales pertenecían a una organización criminal que en apariencia es responsable de narcotráfico, lavado de dinero y tres asesinatos, deberán descontar 6 meses más de prisión preventiva.
Fuentes judiciales confirmaron a crhoy.com la ampliación de la medida cautelar impuesta desde finales del año anterior.
La estructura delictiva estaría conformada por varias personas, entre abogados y contadores que se dedicaba a legitimar fondos provenientes del tráfico de drogas, mediante una cadena de supermercados, talleres, una estación de servicio en Santo Domingo de Heredia y un lubricentro.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la banda era dirigida por un sujeto colombiano llamado Jair Estupiñán Montano, alias “Pecueca”.
Este sujeto es un exconvicto que descontó una pena de cárcel en Estados Unidos tras ser detenido en Panamá en el año 2013. Una vez que pagó su pena, se instaló en Costa Rica.
El que tenía el perfil más alto dentro del grupo era su hermano, Mario Estupiñán Montano, quien fue detenido en su vivienda en Vía Diana en La Unión, Cartago. Además de los hermanos, otros tres colombianos fueron detenidos el año pasado.
Al parecer, esta organización estaba operando en el país desde el 2008 y según informaciones policiales de Colombia, tuvieron algún tipo de relación con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El resto son costarricenses que estarían trabajando en el grupo en la parte logística. Las detenciones ocurrieron en noviembre del 2023 y ya tienen un año detenidos, luego de las autoridades realizaran allanamientos en las localidades de Jacó, Orotina, Cartago, Alajuela, La Uruca, Desamparados, Curridabat, Atenas y Heredia.
El detalle
El caso Piazza surgió luego de un trabajo llamado caso Trinidad que el OIJ desarrolló en setiembre del 2022, y que permitió amarrar la información para culminar con la segunda investigación.
Esa organización detenida se dedicaba a traer droga desde Colombia para su exportación de droga hacia Norteamérica, Centroamérica y Europa, además de su distribución para narcomenudeo a otras organizaciones en San José y Guanacaste.
Al parecer usaban un taller como bodega principal para almacenar grandes cargamentos de cocaína y marihuana. El negocio está ubicado en Chacarita, Puntarenas y es uno de los 16 sitios que se allanó en su momento.
Esa banda era coordinada por dos colombianos de apellidos Alegría Romero y Olaso Cifuentes, manejaba una red de traslado de droga vía marítima desde Golfito hasta el centro de Puntarenas.
Según la investigación, que inició desde 2021, el modo de operar del grupo era captar la droga y buscar alternativas para sacarla de país. En apariencia, los cargamentos llegaban hasta el Pacífico Central, donde posteriormente se distribuía dentro del país y la cocaína viajaba hasta el extranjero.
La logística giraba en torno a la importación de los cargamentos, los cuales hacían un recorrido de más de 300 kilómetros en lanchas rápidas, bordeando la costa Pacífica hasta llegar al Puerto.
Dos de las ejecuciones con las que vinculan a la banda serían de dos exempleados de la agrupación más una víctima colateral. Uno de los homicidios falleció una persona el 13 de febrero del 2021 y el otro fue un asesinato doble el 26 de mayo del mismo año.
En un hecho murió un hombre que había tenido una diferencia con la estructura, ya que era un empleado formal que había presentado una acusación laboral y esto le molestó a uno de los líderes.
También un trabajador que hacía funciones de seguridad, en apariencia, sustrajo un artículo y la estructura decidió quitarle la vida. Además, otra tercera víctima falleció marginalmente.
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El Caso Trinidad era la parte operativa y la causa contra los hermanos Estupiñán es la de incursión en negocios para legitimar capitales. De acuerdo a las ganancias que obtenían, se presume ponían a testaferros a ‘frontear’ esos negocios formales.
Es decir, cuando eran introducidos en las ganancias de estos comercios y posteriormente ya salían al sistema bancario nacional, el dinero estaba lavado y de ahí se vincula la estrategia ligada al lavado y a la legitimación de capitales.
Además, en la investigación se determinó que utilizaban semisumergibles para el traslado de la droga. El primer punto de recepción era Golfito, posteriormente se hacía el traslado a Osa, Bahía Drake, Punta Mala de Garabito y finalmente al cantón central puntarenense.
En el recorrido tenían personas encargadas del “refugio de estas lanchas”, pues debían ser cargadas con combustible y en momentos permanecer ocultas para evitar el seguimiento de oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).
Source
José Adelio Murillo
