{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás Alvarado, anunció que solicitará al Tribunal Contencioso Administrativo detener los alcances del cuestionado decreto con el cual el Poder Ejecutivo pretende cambiar el marco normativo de la Unidad Especial de Intervención (UEI).
El liberacionista explicó que la petición ante el Tribunal será que detenga el proceso del decreto “antes que empiece a impactar en a vida de los ciudadanos”, pues considera que el mismo tiene características “invasivas”.
La intención, según el legislador, es que se detengan los cambios que impulsa el gobierno acerca del funcionamiento de la UEI mientras se define su legalidad y eventuales roces con la Constitución Política.
La UEI es un grupo policial adscrito al Ministerio de la Presidencia, que tiene entre sus funciones dar protección al presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros. También brinda apoyo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fuerza Pública solo en caso de que se requiera en diferentes operaciones policiales.
Sin embargo, en el reglamento publicado en La Gaceta el pasado 21 de noviembre, el presidente de la República, Rodrigo Chaves y la ministra de Presidencia, Laura Fernández, le amplía potestades a esta policía y la pone bajo su rango de mando, lo que quiere decir que el grupo de operaciones que la integra debe acatar las indicaciones del Presidente.
Este decreto, que elimina el estatuto que estaba vigente desde el 27 de julio del 2005, es cuestionado porque le confiere a la UEI facultades para investigar y planificar allanamientos. A su vez, da potestades a Chaves y a Fernández que antes no tenían, como la promoción de los cargos policiales a lo interno de la UEI, los cuales otorgaba únicamente el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) toda vez que cumplieran con los requisitos de ley que están establecidos.
Además de esta acción ante el Tribunal Contencioso Administrativo, las fracciones de oposición valoran presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
Este miércoles trascendió que la Fiscalía General de la República abrió una nueva causa penal contra Chaves tras recibir una denuncia en la que se alega que el mandatario habría incurrido en al menos dos delitos con el decreto que modifica el reglamento de la UEI.
Source
Carlos Mora
