Daniel Ortega. (Foto tomada del diario La Prensa de Nicaragua)
(AFP)-Organismos humanitarios y medios de prensa nicaragüenses en el exilio denunciaron este sábado la detención de una decena de personas en Nicaragua, entre ellos un periodista, tras aprobada una reforma constitucional que da poder absoluto al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La ONG Alerta Libertad de Prensa Nicaragua y medios como La Prensa, Confidencial y 100% Noticias precisaron que la redada policial ordenada por el gobierno inició el viernes y siguió este sábado, en los departamentos de León (noroeste) y Masaya (suroeste).
Alerta Libertad de Prensa Nicaragua, que trabaja desde el exilio, precisó en su cuenta en X que entre los detenidos está el periodista Leo Cárcamo, de León, así como “algunos activistas” y “académicos”.
“Urge poner fin a esta situación de persecución y asedio sistemático en contra de los profesionales de la comunicación”, subrayó.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en X “preocupación” por “reportes sobre una nueva oleada de detenciones, incluido el periodista”, ante lo que pidió a las autoridades su “libertad inmediata”.
Los arrestos ocurren en medio de la polémica que desató la aprobación el viernes de una reforma constitucional que otorga a Ortega y a su esposa, como “copresidenta”, un control absoluto de los poderes del Estado.
La iniciativa elimina la independencia de poderes y establece que el Estado “vigilará” a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”.
Unos 280 periodistas nicaragüenses han salido al exilio en los últimos seis años, según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). Decenas de sacerdotes han sido expulsados.
Ortega y Murillo aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La reforma establece el despojo de la nacionalidad a “los traidores a la patria”, lo que ya ha hecho el gobierno de Ortega en los últimos años con más de 450 críticos y opositores, muchos de los cuales estuvieron presos, que expulsó del país.
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