{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Andrea Álvarez Marín, se manifestó este jueves a favor del proyecto de Ciudad Gobierno, el cual pretende agrupar a 35 instituciones públicas y casi 11 mil funcionarios en 210 mil metros cuadrados de construcción.
Sin embargo, la congresista aclaró que no está de acuerdo con el mecanismo de financiamiento que propuso el Poder Ejecutivo.
En noviembre pasado la Contraloría General de la República (CGR) señaló que el procedimiento que pretende utilizar el Ejecutivo para desarrollar el proyecto no está contemplado en la Ley General de Contratación Pública.
La congresista dijo, en su espacio del control político, que, si el Gobierno hubiera tramitado la contratación como exige la ley, siguiendo el camino correcto y los procedimientos establecidos, ya estaría en trámite su construcción.
Además, la diputada verdiblanca mencionó que votará en contra de la Ley Jaguar y de su convocatoria a referéndum. La diputada liberacionista señaló que en ese plan del Ejecutivo habría vicios de constitucionalidad.
“Considero muy irresponsable que el gobierno pretenda someter al país a un desgaste sobre un proyecto de ley cuyo fin es debilitar las competencias de la Contraloría General de la República y desmantelar sus poderes de fiscalización. Si se reducen o limitan los controles, se abre un peligroso paso hacia la corrupción”, indicó la legisladora.
Álvarez señaló que “no va a ceder ante las amenazas” del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de supuestamente exhibir y “quemar” a quienes no compartan su posición y la del Gobierno con ese proyecto.
“El proyecto es lamentable y decepcionante, pues no incide en la calidad de vida de las y los costarricenses. Honestamente, esperaba que se sometieran a la voluntad popular temas que sí sean de impacto en la seguridad, economía, vivienda y otros aspectos que siguen pendientes de resolverse en la vida de los costarricenses. Lo propuesto es una venganza contra las instituciones que evitan, hoy por hoy, que los corruptos se roben la plata y cometan actos irregulares”, dijo Álvarez.
La semana anterior la diputada Álvarez se manifestó a favor de la posibilidad de que la decisión de convocar o no a un referéndum la Ley Jaguar -impulsada por el Poder Ejecutivo- la tomen los ciudadanos costarricenses por medio de la recolección de firmas.
La legisladora Álvarez considera que la convocatoria a la consulta popular se debería plantear únicamente por la recolección de firmas y no mediante la aprobación del decreto que convocó el Poder Ejecutivo.
Source
Carlos Mora