El país transita un camino de crispación política como resultado de una crisis mayor de gobernabilidad e institucionalización del odio. La agenda política gira alrededor de lo intrascendente cuando lo importante como la inseguridad continúa matando a nuestra juventud. La propuesta de un referéndum viene a adicionar el caldo de cultivo de una polarización, controversia y oposición entre diversos sectores de la población. En un momento tan delicado, se hace imprescindible reflexionar sobre la importancia de la unidad nacional por encima de las diferencias políticas e intereses particulares, ya que la legalidad e institucionalidad del país, pilares fundamentales construidos a lo largo de dos siglos, están en juego.
Costa Rica ha sido un ejemplo de estabilidad democrática en la región, con una sólida estructura institucional que ha garantizado la paz y el progreso en un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la polarización actual amenaza con socavar estos cimientos, arriesgando el retroceso en conquistas sociales y políticas que han sido fruto de años de esfuerzo y consenso. En este sentido, la propuesta del referéndum no debe ser vista únicamente desde una perspectiva política, sino también desde el impacto que podría tener en la cohesión social y la confianza en las instituciones.
Como uno de los proponentes de la reforma constitucional del referéndum en el año 2000 no me motiva nada en contra de que se utilice esta herramienta democrática de consulta, pero cuando se amerite verdaderamente por el interés nacional, no para pasar reformas a la Contraloría para construir dos proyectos de infraestructura que son agenda del Gobierno. El espíritu de la reforma fue la de construir un camino de consulta democrática amplia para temas de largo alcance y no para facilitar la construcción de obras, que si bien importantes, no requieren un referéndum. Busquemos lo mejor de nuestros juristas y pidamos gobernabilidad, es capacidad de la Casa Presidencial y resolvamos estos temas sin necesidad de gastar tres mil millones de colones que mucha falta le hacen a las becas y a las familias.
En una esquina, los defensores del referéndum llenan el camión de odio y de todos los males y problemas del país para golpear a las instituciones. Allí sale el antivacunas, el que te echa el carro, el que se pelea en el estadio, el que no le da campo a la señora en el bus, el que cree que llevando la camiseta de la sele ya cumplió con su deber patrio pero que no recuerda nada de la historia que nos hizo llegar a la democracia que vivimos. Ese es el costarricense que se deja llevar por sentimientos de doble moral.
En la otra esquina, la oposición al referéndum encuentra eco importante en diversos sectores de la ciudadanía, quienes ven en esta medida una amenaza a la estabilidad y la unidad nacional. Este sentimiento contrario no es simplemente una manifestación de descontento, sino una expresión de responsabilidad y conciencia cívica. Los costarricenses que se oponen a este referéndum entienden que el bienestar del país depende de mantener y fortalecer las estructuras institucionales existentes, en lugar de desestabilizarlas con decisiones precipitadas y polarizantes.
Es en este punto donde la necesidad de unir al país se vuelve apremiante. La historia nos ha enseñado que los momentos de crisis requieren de un liderazgo y una ciudadanía capaces de mirar más allá de las diferencias y trabajar juntos por un bien común. La coyuntura actual es una oportunidad para demostrar que Costa Rica puede superar sus diferencias políticas y encontrar un terreno común en la defensa de su democracia y sus instituciones.
Para lograr esto, es fundamental generar espacios de concertación y diálogo donde todas las voces puedan ser escuchadas y consideradas. Estos espacios deben estar orientados a construir consensos que reflejen el interés de la mayoría, sin sacrificar los principios democráticos ni los derechos de las minorías. Es vital que estos procesos sean inclusivos y transparentes, asegurando que las decisiones tomadas cuenten con un amplio respaldo ciudadano.
La unión de los costarricenses debe basarse en la defensa de la legalidad y la institucionalidad, elementos que han sido la base del desarrollo y la estabilidad del país. No podemos permitir que intereses particulares o divisiones políticas erosionen estos pilares. La historia de Costa Rica nos muestra que hemos sido capaces de superar desafíos aún mayores cuando hemos actuado con unidad y propósito común.
Además, esta estrategia de unión debe incluir la promoción de una ciudadanía informada y comprometida. La educación cívica juega un papel crucial en este sentido, ya que una población bien informada es más capaz de tomar decisiones responsables y de participar activamente en los procesos democráticos. El fortalecimiento de la educación cívica debe ser una prioridad para asegurar que futuras generaciones comprendan la importancia de la legalidad y la institucionalidad.
A la luz de lo expuesto no cabe duda que la coyuntura política actual representa un desafío significativo para Costa Rica. La propuesta de referéndum ha generado divisiones, pero también ha resaltado la necesidad de unidad y concertación. Es crucial que los costarricenses se unan por encima de las diferencias políticas e intereses particulares para defender la legalidad y la institucionalidad del país.
Solo a través de la unidad y el diálogo podremos asegurar el bienestar y la estabilidad de nuestra democracia, preservando los logros alcanzados a lo largo de dos siglos de esfuerzo conjunto. Coherencia o ruptura, tal cual el título del libro de Michel Rocard, ex primer ministro de Francia. Prefiero la primera.
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