{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública ya tiene fecha para tramitar la apelación de las medidas cautelares impuestas por el caso Barrenador.
Será el próximo 3 y 4 de diciembre cuando se lleva a cabo la audiencia en el Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea. Así lo confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.
El pasado 10 de octubre, un juez confirmó la decisión de suspender por 6 meses a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, mientras avanza la investigación por el supuesto escándalo de corrupción y posibles presiones para adjudicar a varias cooperativas la administración de 10 áreas de salud, con un sobrecosto estimado de unos ₡12.400 millones por año.
Al día siguiente de conocerse la resolución, el mandatario Rodrigo Chaves Robles afirmó que apelarían la inhabilitación temporal y demás restricciones impuestas sobre la jerarca.
“Lo que corresponde es una apelación, porque hay una gran cantidad de contradicciones. Es temprano en este proceso, ella tiene mi apoyo y aprecio, para mí esto es un show”, dijo el gobernante a la prensa.
Desde que fue detenida, crhoy.com ha intentado conversar con Marta Esquivel, mediante asesores, su abogado defensor y mensajes enviados a su WhatsApp, sin que la jerarca suspendida haya brindado una respuesta. Su abogado, Edgardo García, tampoco ha respondido varias solicitudes de este medio.
Además de ella, la gerente general interina, Marielos Gutiérrez y los tres directivos María Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zeirith Rojas, fueron suspendidos por 6 meses de sus cargos. Además, deberán cumplir con otras medidas cautelares.
A la jerarca separada y el resto de imputados se les ordenó no comunicarse, influir, amenazar e intimidar o perturbar de cualquier forma a 11 testigos, dado que la Fiscalía tiene pruebas de qué al menos tres de ellos han recibido amenazas físicas y laborales.
El plazo de las medidas cautelares es de seis meses a partir del 10 de octubre del 2024 y hasta el 6 de abril del 2025, plazo que el juez consideró proporcional para que el Ministerio Público pueda concluir con la investigación.
A inicios de semana la Sala Constitucional rechazó los alegatos de Marta Esquivel, que tenían como objetivo refutar su detención, permanencia en celdas judiciales, decomiso de pasaporte y que además, pretendían anular uno de los allanamientos por el caso Barrenador.
Los magistrados declararon parcialmente con lugar un recurso de habeas corpus presentado por la jerarca suspendida, pero declaró sin lugar el grueso de los argumentos que elevó Esquivel ante el tribunal constitucional.
De esta forma, los magistrados no encontraron vicios cómo actuaron las autoridades judiciales y negaron la existencia de un “abuso de autoridad”.
Adicionalmente, la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la CCSS, procedió con el rebajo del salario de la jerarca y la gerente, mientras permanecen suspendidas. El expediente 24-000267-1218-PE es tramitado por la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA).
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
Caso Barrenador
Cabe destacar que el Ministerio Público había solicitado el impedimento de salida del país y la entrega de pasaportes, como medidas cautelares. No obstante, el Juzgado no otorgó dicha medida.
Respecto al peligro de fuga, como se señaló, no se ordenó ninguna medida cautelar en contra de ninguno de los justiciables, siendo las únicas medidas impuestas, las anteriormente señaladas a los investigados (as) referidos respecto al peligro de obstaculización y continuidad delictiva, con la finalidad de asegurar los fines del proceso.
Las únicas medidas impuestas son para mitigar el peligro de obstaculización y continuidad delictiva, con la finalidad de asegurar los fines del proceso.
El escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos de contratos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la administración de Ebais, fue nombrado por los agentes judiciales a cargo como el “Caso Barrenador”.
Fueron 28 allanamientos ejecutados por las autoridades en oficinas centrales de la CCSS, casas de habitación y sedes de cooperativas contratadas. La causa se tramita bajo el número de expediente 24-000267-1218-PE.
En total, confiscaron ₡2 millones, $5.400 y €875, según confirmó la Oficina de Prensa de la Fiscalía ante la consulta de crhoy.com. Sin embargo, no se detallaron los montos por cada sospechoso.
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
Adicionalmente, los agentes judiciales decomisaron los celulares de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, así como los 7 funcionarios y exdirectivos que fueron arrestados.
Según la Fiscalía, también se incautó otra evidencia de interés para el caso, como documentos y prueba digital.
Oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social en San José fueron el foco de los operativos que realizó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la Oficina Anticorrupción del OIJ, para investigar los supuestos delitos en los cuales aparentemente incurrieron directivos de la entidad, al adjudicar contratos para la administración de Ebais.
La oficina de la presidenta ejecutiva, Esquivel Rodríguez, la gerencia general y la gerencia médica, las Direcciones de TI y Proyección de Servicios de Salud, así como una oficina en el hospital de San Ramón, eran parte de las locaciones allanadas.
También se realizaron diligencias en la sede principal de Coopesalud (cooperativa que administra dos clínicas del Área de Salud de Pavas y el Área de Salud de Desamparados 2); en las instalaciones de Coopesana (a cargo de los centros médicos de Escazú, Santa Ana y San Francisco); en Coopesiba (administrador de clínicas en San Pablo y Barva de Heredia); en Coopesain de Tibás; así como Asemeco, empresa encargad de los Ebais de La Carpio, San Sebastián y Paso Ancho, según consta en la denuncia presentada por la Auditoría de la CCSS ante el Ministerio Público.
Adicionalmente, se allanó la residencia donde vive Marta Esquivel en una torre de apartamentos en Barrio Escalante y 11 viviendas más en San José, Alajuela, Cartago y Heredia.
Source
José Adelio Murillo
