
Publicado: abril 9, 2025
Después de varias horas de incertidumbre, el periodista Camilo Rodríguez Chaverri fue liberado por las autoridades, ya que no se le logró atribuir ningún delito tras su detención ocurrida este miércoles frente a la sede del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Heredia.
Según confirmó su abogado, Jorge Jiménez Aguilar, la Fiscalía no encontró motivos suficientes para continuar con un proceso penal, lo que derivó en la liberación inmediata del comunicador. Esta decisión deja en evidencia que, pese al escándalo generado y la movilización policial, no existía una base legal clara para su arresto.
Un arresto cuestionado desde el inicio
Rodríguez fue detenido tras un llamado al 911 por parte de funcionarios del PANI, quienes alegaron que el periodista lanzó insultos mientras se encontraba realizando una cobertura periodística. La respuesta de la Fuerza Pública fue rápida y contundente: lo arrestaron en el sitio, bajo la presencia de una representante del Ministerio Público.
Sin embargo, desde el primer momento, su abogado defendió que los hechos reportados —principalmente ofensas verbales— no constituían delito alguno, sino contravenciones, que en ningún caso justifican un arresto.
Posibles repercusiones legales
El abogado también adelantó que no descartan tomar acciones legales en contra de quienes resulten responsables por lo que calificó como “una privación de libertad sin fundamento”. Además, insistió en que durante la detención, Rodríguez pudo haber sido víctima de un trato inadecuado, considerando su estado de salud previo.
La escena del arresto —grabada por un testigo con su celular— causó gran revuelo en redes sociales y encendió nuevamente el debate sobre los límites entre la labor periodística y la actuación de las autoridades.
¿Se trató de un acto de represión?
Rodríguez ha sido una figura crítica hacia distintas instituciones, incluido el mismo PANI, lo que ha generado teorías sobre una posible represalia. Su defensor sugiere que la detención podría estar relacionada con esas posturas incómodas para algunos sectores del aparato estatal.