En una conferencia de prensa celebrada el miércoles, 3 de septiembre de 2025, las mujeres que acusan a Jeffrey Epstein y a su cómplice Ghislaine Maxwell de años de abusos vivieron un momento simbólico: las palabras de una oradora fueron interrumpidas por el rugido de aviones de combate, enviados por orden de la Casa Blanca para un sobrevuelo.
“Esta mujer abusó de niñas”, intentaba decir Anouska De Georgiou sobre Maxwell, antes de quedar ahogada por el estruendo de los motores. A pesar de ello, retomó su discurso en las escalinatas del Capitolio, en Washington D. C., rodeada de otras mujeres que daban sus propios testimonios.
“Fui abusada por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell durante más de 10 años. Ghislaine Maxwell estuvo presente en parte de mi abuso a manos de Jeffrey Epstein. Estuvo presente, fue cómplice y lo facilitaba”.
La interrupción aérea parecía una metáfora de lo que las víctimas de Epstein y Maxwell aseguran vivir: su dificultad para ser escuchadas, en medio del trauma que —aseguran— les infligió el magnate y su aliada.
“La transparencia es justicia”
Las denunciantes sostienen que la publicación íntegra de los archivos del caso Epstein les permitiría, precisamente, ser escuchadas. “El Congreso debe decidir: ¿seguirá protegiendo a depredadores o, finalmente, protegerá a las sobrevivientes? La transparencia es justicia”, dijo Lisa Philipps, otra de las víctimas. “Publiquen los archivos, acaben con el secretismo y acompáñennos a la hora de proclamar que nadie —ni multimillonarios, ni políticos, ni líderes mundiales— está por encima de la ley.”
La comparecencia fue organizada por los congresistas Ro Khanna (demócrata por California) y Thomas Massie (republicano por Kentucky), quienes impulsan una votación en la Cámara de Representantes sobre la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. El proyecto exige la publicación íntegra de los documentos del Departamento de Justicia vinculados a Epstein.
El martes 2 de septiembre, el Comité de Supervisión de la Cámara —el principal órgano de investigación legislativa— difundió un primer lote de más de 33 000 páginas sobre Epstein y Maxwell. Sin embargo, voces críticas señalan que gran parte de los documentos ya eran públicos y estaban fuertemente censurados.
En declaraciones a DW, Teresa Helm, supuesta víctima de Epstein, confiesa que espera que la apertura de los archivos permita un ajuste de cuentas y revele responsabilidades. “Si hay más investigaciones y cargos contra quienes deben responder por crímenes, eso sería enormemente significativo para todas las sobrevivientes”, explica Helm, que relata haber sido engañada por Maxwell y abusada por Epstein en 2002, cuando tenía 22 años.
Hoy trabaja como coordinadora de servicios para sobrevivientes en el Centro Nacional de Explotación Sexual. “Las secuelas del trauma acompañan toda la vida. Han pasado más de dos décadas de mi caso y trabajo con otras sobrevivientes. Eso forma parte de mi proceso de sanación”, comenta. “Nada borrará lo ocurrido, seguiré lidiando con ello siempre. Y, sobre todo, quiero evitar que tantas otras personas pasen por lo que yo pasé.”
Pero lograr ese objetivo, que según ella pasa por publicar los archivos, es una batalla cuesta arriba, especialmente ante la resistencia de los niveles superiores del poder.
Trump descarta los archivos como un “engaño”
Consultado de nuevo en el Despacho Oval sobre el tema, el presidente Donald Trump volvió a calificar las demandas de más archivos como un “engaño” y se mostró molesto porque, a su juicio, desvían la atención de sus logros.
“Creo que deberíamos hablar de la grandeza de nuestro país y del éxito que estamos teniendo. Probablemente estamos viviendo los ocho meses más exitosos de cualquier presidente en la historia, y de eso quiero hablar. Deberíamos hablar de eso, no del engaño de Epstein”, afirmó.
El caso Epstein ha perseguido a la Casa Blanca de Trump de un modo inusual. Su promesa de campaña de publicar una supuesta lista de clientes terminó en polémica cuando la fiscal general Pam Bondi dio marcha atrás sobre la existencia misma de esa lista, lo que desató críticas entre los propios seguidores de Trump y ofreció a los demócratas una oportunidad para atacar.
Por su parte, Helm asegura que la politización del debate es un obstáculo y que la rendición de cuentas debería ser una responsabilidad nacional. “Esto no es una guerra política. Es lamentable llevarlo a ese terreno, porque hemos visto pasar administraciones de todo signo que no han hecho nada al respecto”, dice. “No es izquierda contra derecha, azul o rojo. Es un asunto de Estados Unidos. Todos debemos unirnos.”
Las denunciantes enmarcan su demanda de transparencia como una prueba sobre quién puede abusar de quién en Estados Unidos y quedar impune. Y, para ellas, la respuesta debería ser clara: nadie.
