La Rectoría de la Universidad Nacional, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y en el marco de su compromiso con la igualdad, la justicia social y los derechos humanos, se pronuncia ante el aumento de los femicidios y las declaraciones realizadas por la exministra de la Condición de la Mujer, señora Cindy Quesada, en las que responsabiliza a las víctimas de femicidio por el aumento de casos y la violencia que sufren.
Considerando:
1. Que Costa Rica ha ratificado instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1995), la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Estrategia de Montevideo, comprometiéndose a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y a transformar patrones socioculturales que reproducen la desigualdad.
2. Que en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) los Estados adoptaron el principio de transversalidad de género, el cual obliga a incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, reconociendo que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y no individual.
3. Que la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 33 consagra el principio de igualdad y en su artículo 51 establece la obligación de protección hacia las poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad, incluyendo a las mujeres.
4. Que la legislación nacional —mediante la Ley N.º 7142 sobre Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (1990), la Ley N.º 7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (1995), la Ley N.º 7586 contra la Violencia Doméstica (1996), la Ley N.º 8589 de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (2007), la Ley N.º 9877 contra el Acoso Sexual Callejero (2020), entre otras— establece la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos humanos de las mujeres, prevenir la violencia y sancionar a los agresores.
5. Que declaraciones como las emitidas por la exministra trasladan la responsabilidad de la violencia a las mujeres, sugiriendo que los femicidios podrían evitarse “si ellas escogieran mejor a sus parejas o tuvieran más precaución”, lo cual constituye una forma de revictimización y contradice los compromisos normativos del país, además de reforzar estereotipos patriarcales que culpabilizan a las víctimas y naturalizan la violencia.
6. Que de acuerdo a los datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial el año 2024 fue el año más trágico de la última década y que lo que llevamos del 2025 lleva contabilizados más casos que el año anterior.
7. Que el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional, desde su creación, ha generado investigación, docencia y extensión dirigidas a analizar críticamente estos discursos y a promover transformaciones sociales que reconozcan que la violencia de género no es responsabilidad de las mujeres, sino de los agresores y de las estructuras que la perpetúan.
Por tanto, nuestra posición es:
1. Lamentar las declaraciones de la exministra Cindy Quesada, por ser contrarias a los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres.
2. Reafirmar que la responsabilidad de los femicidios recae exclusivamente en los agresores, así como en las estructuras patriarcales y en la insuficiencia de las respuestas estatales para prevenir, atender y sancionar la violencia de género.
3. Exigir a las autoridades públicas y a las figuras políticas el uso responsable de la palabra, evitando discursos que revictimicen a las mujeres o que legitimen estereotipos contrarios a los derechos humanos y que actúen de inmediato para evitar la creciente cantidad de femicidios.
4. Respaldar la labor del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad nacional como referente académico y social en la construcción de conocimiento crítico y en la formulación de propuestas orientadas a una vida libre de violencia para todas las mujeres.
5. Respaldar la labor del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) como ente rector en materia de derechos humanos de las mujeres en Costa Rica, y reafirmar la necesidad de fortalecer sus competencias, recursos y legitimidad, de manera que pueda continuar desarrollando políticas y acciones efectivas frente a la violencia de género y la discriminación.
6. Llamar a la sociedad costarricense y a la comunidad universitaria a mantener un compromiso activo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la denuncia de toda forma de violencia y en la promoción de una cultura de igualdad, dignidad y respeto.
7. Reafirmar el derecho inalienable de todas las mujeres a vivir seguras y libres de toda forma de violencia, acoso o discriminación, recordando que la seguridad personal constituye un pilar fundamental de los derechos humanos y una condición indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la igualdad.
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Guillermo Solano Gutiérrez
