Una constante resistencia hacia el control político, sumada a la criminalización de la labor que ejerce la oposición política y judicial hacen que desde el Gobierno exista una intención por “desmantelar y erosionar” el contrapeso que debe existir en una democracia plena como la costarricense.
Esa intención se manifiesta a través de tres vías: con ataques directos a la oposición política, con la reticencia hacia el control constitucional y penal que ejerce el Poder Judicial y con los cuestionamientos hacia la labor fiscalizadora en materia fiscal que realiza la Contraloría General de la República o en materia de derechos humanos, por parte de la Defensoría de los Habitantes.
Esta es la valoración que hace el Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA) en su informe Crisis de gestión y proceso electoral: entre el conflicto y la inseguridad, dado a conocer este 4 de setiembre.
“El estilo presidencial tiene como principal objetivo desmantelar y erosionar, progresiva pero seguramente, los controles que ejercen sobre su administración las instituciones horizontales del Estado sea en materia política, económica o constitucional, lo que es una contundente señal de deterioro democrático”, indica el informe.
Desde un punto de vista de las ciencias políticas, este comportamiento se cataloga como un “populismo delegativo”, que se presenta cuando un presidente se arroga como representante lo que de manera difusa se denomina “pueblo” y modifica el aparato institucional para amoldarlo según sus intereses.
Este panorama parece agravarse con la proximidad de la contienda electoral. Al respecto, los investigadores del Programa consideran que la incertidumbre y la confrontación política se podrían intensificar, colocando en evidencia las limitaciones del Gobierno para alimentar la confianza, la estabilidad y el rumbo que requiere el país.
“En la actual coyuntura, el país recorre una senda sin retorno en el que la legitimidad del sistema político y sus instituciones es constantemente puesta en duda gracias al particular protagonismo de figuras políticas dentro del Estado que, aprovechando sus posiciones, construyen narrativas mesiánicas y anti sistema para capitalizar el descontento popular y redirigirlo a la institucionalidad del país”, concluye el estudio.
Al fin de cuentas, estas acciones ponen en “tela de juicio” logros históricos del país, referentes a al estado de bienestar y de derecho. Así lo expone el propio análisis al desentrañar la realidad que vive el país en los campos educativo, hacendario, ambiental, político, de derechos humanos, competitividad y en seguridad.
En el ámbito político, la situación parece seguir el mismo guion en los últimos cuatro meses: un estilo beligerante desde la figura del presidente hacia el Poder Legislativo. Esta vez, no se ha acudido tanto a las vías formales (como los vetos a proyectos aprobados en el Congreso y que no gozan de la simpatía del mandatario) y se visualiza más hacia un discusro centrado en la persecución política de la que dice ser víctima, más aun del proceso de levantamiento de la inmunidad que se conoce actualmente en el Congreso.
Temas y sectores
Este informe puntualiza que existe una sumisión de la posición costarricense a la política exterior de Estados Unidos. La aceptación, sin miramientos, de migrantes deportados por el país norteamericano, a pesar de las denuncias planteadas por organismos de derechos humanos, dan cuenta de ello, así como apertura a la importación de papa que afecta a los productores nacionales y pone en riesgo la seguridad fitosanitaria.
También, denuncia que se ha intensificado un discurso populista carcelario, con la intención del Poder Ejecutivo de construir una mega cárcel en el país, siguiendo la estrategia emprendida por El Salvador, como una forma de resolver los principales problemas del país.
Sin embargo, estrategias en esta línea estarían lejos de ayudar a resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Más bien, los investigadores critican la falta de recursos que necesitan los cuerpos policiales del país y la ausencia de un plan integral para el fortalecimiento institucional que requiere el sector y que responda a la amenaza que representa el crimen organizado.
Mientras existe una discusión pública sobre el no giro de recursos presupuestados para atender temas de seguridad, este análisis también hace un llamado de atención sobre la política hacendaria de la actual administración, sobre todo, en exoneraciones legales que afectan la recaudación tributaria. Solo en impuestos sobre la renta y en el de Valor Agregado, el país deja de percibir hasta 2 billones de colones al año, lo que representa un 4.5% del Producto Interno Bruto.
En el ámbito de la educación, persiste una desconexión entre la necesidad de atender demandas urgentes y propuestas que son de más largo plazo. “La realidad que enfrentan los estudiantes es más inmediata y dura. Radiografías recientes muestran que, para este 2025, miles de niñas, niños y adolescentes conviven en condiciones de infraestructura deficiente, carencia de materiales y desigualdades urbanas y rurales, que no se solucionan con capacitaciones a futuro”.
La falta de claridad política se ha evidenciado en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que se vivió en medio de una “tensión política” y con un incremento del 1% en el presupuesto del 2026 con especto al de este año “que se siente más como un congelamiento que como un avance”.
Aunque el Ministerio de Educación Pública lanzó una nueva “ruta de recuperación” bajo la gestión del actual ministro Leonardo Sánchez, “persiste cierta desconfianza social, pues iniciativas como estas se han presentado en los últimos años, sin que exista una evaluación clara de los impactos”.
Asimismo, el Programa Análisis de Coyuntura considera que existe un debilitamiento de la política ambiental en Costa Rica, con acciones que fomentan la desregulación normativa e institucional. Muestra de ello, apunta, es la pérdida de autonomía técnica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la destitución de funcionarios con experiencia en temas de biodiversidad.
En materia de competitividad se señalan avances en materia de modernización y atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), en la presentación de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y en el avance en la implementación de la red 5G; sin embarga, señala como un riesgo la intromisión de decisiones de carácter político en cuestiones meramente técnicas. “El gobierno de Rodrigo Chaves se encuentra en una encrucijada: ¿priorizará la autonomía nacional y la diversificación de alianzas o continuará subordinándose a intereses externos que limitan la capacidad del país para decidir su propio destino?”, concluye el informe, en alusión a la exclusión de empresas chinas como proveedoras de la red 5G y las conversaciones que sobre este tema ha tenido con autoridades estadounidenses.
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Guillermo Solano Gutiérrez
