Tres personas investigadas por liderar una supuesta red de estafas vinculadas con ofertas laborales en Europa quedaron en libertad, tras la audiencia de medidas cautelares realizada en el Juzgado Penal de Limón.
Los implicados, dos abogados y un colaborador logístico, deberán permanecer en el país, abstenerse de contactar a víctimas y testigos, y someterse al proceso judicial bajo condiciones impuestas por un período de un año. Se trata de Alvarado Martínez, Jiménez Ramírez y Ulloa Barret.
Una red bien estructurada: captación desde Costa Rica hasta explotación en Europa
La investigación, dirigida por la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, revela que el grupo operaba bajo el nombre de EuroRecruit CR, una supuesta agencia de colocación internacional.
El principal cabecilla sería un ciudadano ucraniano aún prófugo, quien habría utilizado el bufete de los abogados costarricenses para legitimar los contratos y captar mujeres desempleadas a través de redes sociales.
Las promesas eran atractivas: salarios superiores a los $1.500 mensuales, jornadas laborales reglamentadas, hospedaje asequible, alimentación y seguro médico. Sin embargo, al llegar a Polonia, las víctimas se encontraron con condiciones laborales extremas, salarios insignificantes y una vida marcada por la precariedad.
Testimonios clave permitieron destapar el engaño
Gracias al regreso de varias víctimas a Costa Rica —con apoyo económico de familiares— se logró recopilar información clave que permitió a las autoridades abrir una causa penal por trata de personas en su modalidad de explotación laboral.
Las mujeres relataron haber trabajado más de seis días por semana, sin garantías laborales ni asistencia médica, viviendo en condiciones indignas que contrastaban con las promesas que las llevaron a aceptar el viaje.
Acciones de las autoridades y situación legal actual
Los operativos de allanamiento se realizaron el 10 de julio en las provincias de Limón y Heredia, con la participación de la Policía Profesional de Migración (PPM) y el Ministerio Público. En estos procedimientos se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y registros de supuestos contratos laborales.
El expediente 24-000020-1321-PE sigue abierto, y la Fiscalía continuará con la recopilación de pruebas mientras los imputados enfrentan el proceso sin prisión preventiva.
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