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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicitó tramitar el levantamiento del secreto bancario para poder inspeccionar las cuentas del diputado Leslye Bojorges León, la alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales y su esposo, de apellidos García Vargas.
El Ministerio Público mantiene dos investigaciones abiertas por presunto tráfico de influencias, contra el diputado Leslye Bojorges León; la alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales y cuatro altos funcionarios más de varias instituciones públicas.
Se presume que ellos habrían recibido dádivas por parte del empresario Jonathan Herrera González, quien descuenta un año de prisión preventiva porque en apariencia utilizaba una compañía autobusera que operaba en barrio San José, para legitimar ganancias provenientes de la venta de propiedades obtenidas mediante aparentes fraudes del caso “Madre Patria”.
De acuerdo con el informe N.º 22-RCI-OECDO-2024 del OIJ, la policía judicial requiere inspeccionar las cuentas, ante aparentes indicios de recepción de dinero por parte de los funcionarios. Los agentes recomendaron tramitar una revisión por un periodo desde noviembre 2023, a febrero 2024.
En dicho informe, el OIJ le solicitó al Ministerio Público gestionar ante un juez la autorización para levantar el secreto bancario. En cuanto al diputado, porque fue quien se encargó de solicitar el dinero en noviembre del 2023, presuntamente.
Además, según la policía, el congresista mantenía jerarquía sobre Gabriela Jiménez Corrales, por lo que no se descarta que el dinero posteriormente haya sido remitido a Leslye Bojorges por algún medio bancario.
En el caso de la alcaldesa, de acuerdo con las indagaciones, ella se desplazó desde Santa Ramón hasta Alajuela para recibir el “dinero sólido” por parte del diputado.
“Resulta importante identificar las transacciones posteriores a la recepción del dinero, principalmente, pago de créditos, trasferencias, depósitos o cualquier otro”, señala el informe judicial.
Adicionalmente, el OIJ pidió levantar el secreto del esposo de la alcaldesa, un hombre de apellidos García Vargas de 30 años de edad, para poder identificar las transacciones bancarias relevantes para la investigación.
Esto porque el esposo es el dueño del contrato obtenido sobre la adquisición del vehículo utilizado por Jiménez Corrales el día que se trasladó a recibir el dinero, razón por la cual “no se descarta que el dinero haya sido utilizado en pagos del vehículo que recién había adquirido”, señala el informe.
Esta es una de las diligencias que solicitó el Organismo junto con el decomiso de los celulares, tanto del diputado socialcristiano como de la alcaldesa. También le confiscaron sus aparatos, el pasado miércoles, de varios altos funcionarios del Gobierno de Rodrigo Chaves.
Se trata del actual viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Carlos Ávila Arquin; de Marlen Luna, ficha del gobierno de Rodrigo Chaves que ha ocupado varios cargos, y Lourdes Sáurez Barboza, directora de Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).
En la investigación también figura el regidor y excandidato a alcalde de Alajuela, Jorge Arturo Campos Araya, sin embargo, a él no le incautaron su teléfono.
Crhoy.com preguntó al Ministerio Público confirmar si sus despachos tramitaron, gestionaron o solicitaron los levantamientos del secreto bancario contra las 3 personas mencionadas, pero la consulta está en trámite.
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Diputado intercedió y alcaldesa recibió dinero
La alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales, confirmó haber recibido dinero de un autobusero cuestionado, pero aseguró que el diputado socialcristiano Leslye Bojorges “la embarcó”, al generar un contacto entre ella cuando era candidata y al menos dos imputados en el megacaso de fraudes y legitimación de capitales conocido como “Madre Patria”.
“Durante la campaña pasada de alcaldías, Leslye, sin que yo le solicitara nada, me ofreció ayuda con un “amigo” suyo. Como siempre pasa en medio de la campaña, yo no tenía por qué desconfiar de una persona como Leslye que siempre me pareció correcto.
En este caso, ciertamente existe una interceptación de una comunicación entre el Diputado Bojorges y don Jonatan Herrera González, donde el Diputado pide una ayuda para mí, entendiéndose esto como la campaña.
Ciertamente, no voy a ocultar que por la intermediación de Leslye me dieron una bolsa con monedas con menos de cien mil colones.
Cabe aclarar que para ese momento yo no había sido electa, ni tenía competencia pública alguna, ni me comprometí nada en lo absoluto”, indica un comunicado enviado por ella.
Además, en el expediente consta parte de las conversaciones que mantuvo el diputado socialcristiano con el empresario autobusero Jonathan Herrera, quien ahora descuentan un año de prisión preventiva tras su captura a mediados de 2024.
Leslye: oiga hermanito vea, le quería pedir un favor.
Jonathan le contesta: Digame.
Leslye: ¿Existe la posibilidad de que usted le ayude a aquella muchacha Gabriela de (no se entiende).
Jonathan le contesta: Sí, pero viera que, ella no lo puede llamar, yo la he estado llamando porque yo le dije a Pir (así entendido) que viniera aquí mejor. Dígale que me llame para que venga mañana, porque es que, si voy al banco y me ven haciéndole en cuenta un depósito a ella o algo.
Leslye: ¿Me ayuda con eso por favor?
Jonathan le contesta: Dígale que me llame, que me ponga un WhatsApp y yo le ayudo con eso hoy mismo, bueno mañana mismo le ayudo con eso, que venga.
Leslye: Bueno, gracias, muy amable hermano.
Jonathan le responde: Pura vida.
El legislador confirmó ayer jueves que intervino y solicitó una reunión con el viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial y directivo del Consejo de Transporte Público (CTP), Carlos Ávila Arquin, para que mantuviera un encuentro con el empresario ahora detenido.
Bojorges se justificó en decir que desconocía el origen o la actividad ilegal a la cual se dedicaban los sospechosos con los cuales se reunió y que pensó que se estaba reuniendo con un empresario y líderes comunales para un tema del servicio público.
El congresista aseguró que el ofrecimiento de una “ayuda” fue posterior a la gestión que hizo ante el MOPT. Sin embargo, asegura que no recibió nada y que él recomendó que mejor ayudaran a María Gabriela Jiménez y al hoy regidor Arturo Campos, quienes entonces eran candidatos a alcaldes de San Ramón y Alajuela respectivamente.
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Secreto bancario del diputado
Durante una conferencia de prensa brindada por Leslye Bojorges ayer jueves en la Asamblea Legislativa, en la cual aseguró que él personalmente le diría a la Fiscalía General que levantara su secreto bancario.
“Yo hoy, cuando vaya a la Fiscalía, le voy a pedir a la Fiscalía que levante mi secreto bancario, porque cuando a estas personas las secuestran y las meten a la cárcel, yo vi que esta gente legitimaba capitales, inclusive en transacciones por día por más de 12 millones de euros y desde que yo empecé en mi función pública ni he cambiado el carro ni he cambiado, mi forma de vestir, ni he cambiado mi casa.
Siempre sido un hombre honesto y transparente razón por la cual no tengo nada que ocultar. Así que yo hoy le voy a pedir a la Fiscalía que levante mi secreto bancario porque yo nunca he recibido un colón de nadie a cambio de nada”, señaló el congresista.
No obstante, Bojorges omitió decir que ya las autoridades judiciales estaban tras el levantamiento de su secreto bancario, para valorar la posibilidad de revisar sus cuentas.
Mediante la unidad de prensa de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), diversos medios de comunicación han consultado si Leslye Bojorges ya se presentó ante el Ministerio Público como dijo que lo haría ayer mismo, pero la respuesta fue que “cualquier información al respecto” la estarían comunicando.
Adicionalmente, crhoy.com consultó esta mañana al diputado si ha sido notificado del levantamiento del secreto bancario contra él, pero no se ha obtenido respuesta.
El legislador socialcristiano además de tener encuentros con el empresario autobusero apellido Herrera, también confesó que mantuvo contactos con Fernando Gómez González, quien era uno de los cabecillas de la banda dedicada a fraudes y legitimación de capitales desmantelada en el caso Madre Patria.
Considerado como un presunto líder, este sujeto de origen español, al parecer era la persona con mayor nivel jerárquico dentro de la estructura criminal, quien se habría beneficiado durante más de una década por la eventual comisión de gran cantidad de delitos.
Mantenía un estatus social elevado como empresario de compañías autobuseras, viviendas de lujo, vehículos de alta gama, sobrellevando un estado de vida sumamente elevado en comparación a sus inicios en el país.
Madre Patria fue calificado como un megacaso y a nivel operativo-policial es el segundo expediente de investigación más complejo de los que ha manejado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Inicialmente, fueron alrededor de 40 personas imputadas entre abogados de alto perfil, funcionarios judiciales, miembros de la Policía de Tránsito y el Consejo de Transporte Público, testaferros y dos cabecillas extranjeros de origen español
Aparentemente, conformaban una organización criminal que se dedicaba a fraudes registrales contra extranjeros y adultos mayores, para apropiarse de terrenos y posteriormente, legitimar el dinero mediante varios negocios como el transporte público de autobuses.
Gran parte de los sujetos descuentan un año prisión preventiva. El legajo de investigaciones, el cual crhoy.com ha ido revelando en los últimos meses, se tramita bajo el número de expediente 22-005018-0042-PE.
Source
José Adelio Murillo
