Los sindicatos de educación señalan al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, como “enemigo de la educación pública”.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) denuncia las declaraciones que ha emitido dicho jerarca sobre presuntamente congelar las transferencias presupuestarias aprobadas a la educación pública.
“El SEC denuncia la evidente intromisión del señor Nogui Acosta en asuntos que son propios de educación, suplantando una vez más la autoridad de la Ministra de Educación Pública, quien brilla por su ausencia.
No es el Ministerio de Hacienda la autoridad llamada a fijar el rumbo de la educación pública costarricense. Sin embargo, con total atrevimiento sobre este tema que no conoce ni le compete, pretende delinear “la ruta de la educación” para los próximos 25 años”, detalló el SEC en un comunicado.
Ante esto, agregan que Acosta desconoce el contenido del Informe del Estado de la Educación y las recomendaciones de organismos internacionales especializados entre ellos la UNESCO, que señalan la importancia de incrementar el financiamiento de la educación pública como medio para solventar el empobrecimiento de los conocimientos de los estudiantes provocado por la pandemia COVID 19 y como mecanismo idóneo para mejorar la calidad educativa.
“Los informes especializados advierten sobre el peligro de desatender las obligaciones estatales con el financiamiento educativo, lo cual podría ser motivo de retrocesos irreversibles en la calidad de vida de las personas”, agregaron.
Recientemente, el Ministro de Hacienda aseguró que hay una “imposibilidad material” de asignar el 8% del PIB a educación y expuso que para hacerlo se tendría que cerrar 19 instituciones y poderes de la República.
Existe una imposibilidad material, porque eso consumiría más del 50% de la recaudación tributaria y la única manera sería endeudando inexorablemente al país, con el impacto macroeconómico que eso significa.
Por otra parte, la Regla Fiscal pone un límite al crecimiento del gasto, con lo cual habría que incumplirla. Hoy por hoy, el Estado Costarricense no puede cumplir con una disposición que no estableció las rentas necesarias para cumplirla, aseguró Acosta.
Pese a esto, la Sala Constitucional aseguró recientemente en un fallo que el presupuesto de 2025 es inconstitucional, esto por no determinar el 8% del PIB para educación.
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Rachell Matamoros
