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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un recurso de amparo presentado a favor del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, interpuesto por la diputada oficialista, Ada Gabriela Acuña Castro.
Por unanimidad, los magistrados determinaron que en la comisión legislativa que investigó las presuntas estructuras paralelas de financiamiento en los partidos políticos se lesionó el derecho a la defensa del Presidente, pues no se le convocó para que diera su versión.
Según el cuerpo de magistrados, esto viola el artículo 39 de la Constitución Política.
La sentencia en favor del gobernante es la N° 2024- 16848 de este 14 de junio.
La diputada Acuña reclamó que nunca se llamó a comparecer a Chaves, violando sus garantías fundamentales y el principio de igualdad. Indicó que ese informe de mayoría emitido por la Comisión, además, fue acogido por el Plenario Legislativo.
“En la sentencia, por unanimidad, los magistrados constataron que sobre el particular, la Sala Constitucional tiene reiterada jurisprudencia, por eso resulta de relevancia los votos N° 1999-000592 de las 8:48 horas del 29 de enero de 1999 y N° 2018-010132 de las 12:30 horas de 22 de junio de 2018, en el cual, una Comisión Investigadora también emitió recomendaciones contra un investigado, sin que se le diera comparecencia oral”, señaló la Sala en un comunicado este viernes.
Además, el Tribunal Constitucional señaló que dicha jurisprudencia ha sostenido, que el rigor del debido proceso aplicable a un procedimiento de naturaleza sancionatorio administrativo o jurisdiccional, “no se puede transferir a uno de control político; lo que no significa que se pueda prescindir del derecho de defensa, de cara a que la comparecencia da un mínimo de oportunidad de argumentar lo que el investigado considere necesario, antes de que el Plenario Legislativo apruebe el informe”.
“En consecuencia se anula, en lo que concierne al presidente de la República, Rodrigo Alberto Chaves Robles, la recomendación de sanción emitida en el informe afirmativo, emitido por la Comisión el 29 de enero de 2024, y que fue aprobado por el Plenario Legislativo en la sesión ordinaria N° 130, efectuada el 26 de febrero de 2024, en lo que respecta a lo siguiente: “(…) Considerar solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a aquellas personas que siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias incurrieron en delitos electorales (…)”, añade el texto del comunicado.
La sentencia integral de este expediente está en redacción.
Source
Carlos Mora
