Dos representantes de la empresa One Globlal, interesada en vender por medio del Instituto Costarricense de Seguros (INS) una póliza para jerarcas del gabinete que se encuentren en problemas judiciales, ingresaron a Casa Presidencial para reunirse con el vicepresidente Stephan Brunner, pero no existe un registro de su visita en las bitácoras de la sede de gobierno en Zapote.
Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del INS, confirmó que Ricardo Retana y Esaú Ramírez, de One Global, “aparecieron” en Casa Presidencial para sostener un encuentro con Brunner el 15 de enero del 2024, en el que ella participó como jefa de despacho de la entonces jerarca Mónica Araya Esquivel.
Sin embargo, luego de revisar en las 783 páginas de registro de las bitácoras de ingreso de ese mes, no está registrada la entrada ni salida de estas personas a alguno de los despachos de Zapote.
Chacón el pasado jueves 9 de enero, en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, expuso que Retana y Ramírez estuvieron en el despacho del vicepresidente para ver términos de la póliza que el Ministerio de Hacienda iba a requerir y pagaría con recursos públicos por medio de un concurso abierto.
La actual presidenta del instituto reconoció que existen al menos 10 empresas de reaseguros que habitualmente ofrecen ese servicio con el INS, pero One Global fue la única que tuvo acceso a los jerarcas de gobierno hace un año para ver los términos en los que se propondría el contrato previo al lanzamiento del cartel.
Consultamos a la oficina de prensa de Casa Presidencial los motivos por los cuales los ingresos de estos dos señores no fueron anotados, o si fueron anotados, porque no se nos facilitó ese documento entre la información solicitada, pero al cierre de esta nota ni siquiera habían contestado la solicitud.
Chacón reveló en la comisión legislativa, que su exjefa Araya Esquivel, fue quien llevó la propuesta con términos y condiciones a Casa Presidencial para que Hacienda tuviera el panorama de la póliza que buscaban adquirir con la cual pretendían proteger al presidente de la República, Rodrigo Chaves ante futuras denuncias penales en el ejercicio de sus funciones públicas, así como a los miembros de su gabinete.
Posterior a esa reunión, mediante el oficio PE-00475-2024, enviado a Brunner, y a Natalia Díaz, entonces ministra de Presidencia, el 6 de mayo del 2024, Araya promovió la contratación de esta póliza, no obstante ella inicialmente en noviembre había dicho lo contrario.
Conociendo los hechos acontecidos en el proceso para buscar adjudicar la póliza al INS, los diputados de la comisión aprobaron una moción para llamar a comparecer a Retana y Ramírez, con el fin de conocer los pormenores de la reunión que tuvieron en Casa Presidencial con los jerarcas del gobierno.
“Apareció en el despacho”
Los diputados insistieron en consultarle a Chacón cómo y quién pactó el encuentro en Zapote de los representantes de One Global y los jerarcas, sin embargo, ella sostuvo que desconocía esos detalles, pues para ese momento era jefa de despacho de Araya y no tenía a cargo ese tipo de funciones.
“El INS estaba buscando un reasegurador directo para esta póliza, sin embargo, la gestión se complicó por una serie de eventos a nivel internacional que han provocado poco apetito del mercado reasegurador. Tiempo después, la corredora One Globlal, representada en ese momento por el señor Ricardo Retana, presentó una propuesta de reaseguro que asumiría el 95% del riesgo de la póliza, quedando el INS solamente con el 5%”, explicó.
Ante los cuestionamientos de cómo solo esta aseguradora tuvo la oportunidad de sentarse con el vicepresidente de la República y la presidenta del INS, dijo que “él apareció (Retana) en el despacho del vicepresidente” pero aseveró no saber quién lo invitó o quien organizó el encuentro.
Chacón reforzó la versión de que la iniciativa por contratar la póliza fue de Brunner, quien desde un inicio fomentó reuniones para hablar sobre las coberturas de la póliza.
Tras varias consultas reiteradas de los legisladores sobre la legalidad de la póliza, Chacón sostuvo en varias ocasiones que era inviable calificarla de ilegal, pues ya existen registros de otras ofertas similares desde el 2010, mismas que estaban inscritas ante la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
No obstante, las consultas iban direccionadas específicamente al pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, pero ella evadió esa respuesta repitiendo varias veces que estaba inscrita ante el ente regulador.
Entre las propuestas planteadas en el contrato de la póliza, se tenía estipulado contratar 100 abogados para trabajar en una nueva unidad que se dedicaría exclusivamente a llevar los casos penales de los jerarcas.
La cuestiona “póliza de la vergüenza e impunidad” fue revelada por crhoy el 25 de octubre. Desde ese momento y hasta la fecha, el presidente Chaves ha evitado referirse a los cuestionamientos generalizados en contra de esta contratación que se quiere hacer con recursos públicos.
La millonaria contratación fue frenada por el Poder Ejecutivo tras los cuestionamientos generalizados de los sectores políticos de que se intente pagar con recursos públicos.
El pasado 26 de noviembre, a pesar de un criterio de ilegalidad de la propia Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda, el Gobierno consultó su legalidad ante la PGR.
Por esta póliza el presidente Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, enfrentan una investigación judicial en la Fiscalía General por el aparente delito de abuso de autoridad.
La póliza para Chaves y su Gabinete, además, fue denunciada ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
A su vez, la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
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Carlos Castro
