Antonio Ortega, diputado del FA. (CRH).
Una reforma legal busca que las comunidades guanacastecas de Carrillo y Liberia reciban los recursos que les corresponde por el desarrollo turístico en Papagayo.
Hace 37 años, cuando nació el Proyecto Turístico Papagayo para compensar a las municipalidades de Carillo y Liberia por ceder la administración de sus zonas marítimo-terrestres al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), se creó un canon para que invirtieran en sus respectivos cantones.
Sin embargo, en 2010 un decreto ejecutivo cambió el sistema de cálculo de la base imponible del impuesto. Pasó de un sistema basado en el valor real a precios de mercado de las propiedades concesionadas (como en todo el país) a uno de base fija (de un dólar por metro cuadrado, en ese momento), que no toma en cuenta el valor real ni la plusvalía de dichas propiedades.
Con la nueva forma de tasar esas concesiones, ese tributo disminuyó entre un 83% y un 99%, según informó el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA).
“Esta modificación causó que las municipalidades sufrieran reducciones millonarias de los montos que los concesionarios debían pagar por concepto del canon”, dijo el legislador.
Ortega mencionó que esos dos gobiernos locales dejaron de percibir un monto de más de ¢602 millones anuales.
“En tiempos en que estamos debatiendo el enorme problema de la gentrificación es un buen momento para impulsar iniciativas que busquen regresar a las comunidades parte del control sobre sus propios territorios y el beneficio de la riqueza que de estos se genera”, manifestó Ortega.
El proyecto de ley propone que el canon se vuelva a cobrar según el valor en el mercado del terreno concesionado, previo avalúo realizado por la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda, y cerrar cualquier posibilidad de que por la vía reglamentaria se modifique la base de cálculo.
Sumado a eso, incluye un tributo del 5% a favor de los gobiernos locales cuando se haga un traspaso de una concesión. Hoy no reciben nada, pese a ser terrenos públicos.
La iniciativa también cuenta también con las firmas de los diputados Luis Fernando Mendoza y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como las firmas de la fracción frenteamplista.
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Alexánder Ramírez
