Carlos Araya Leandro, nuevo rector de la Universidad de Costa Rica (UCR). Foto: UCR.
El nuevo rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, hace un llamado al Gobierno a cumplir con el 8% del Producto Interno Bruto que debe ser asignado —según la Constitución Política— a la educación pública del país.
El llamado nace a raíz de la respuesta que obtuvo la Defensoría de los Habitantes tras una consulta interpuesta a la Sala Constitucional en el oficio DH-01102-2024, con respecto al porcentaje asignado para educación en el Presupuesto Nacional para el 2025.
De acuerdo con el Alto Tribunal de la Sala, hay una omisión que deviene en vicio de inconstitucionalidad, debido al incumplimiento que hay por parte del Gobierno en no alcanzar el porcentaje requerido en el presupuesto educativo de este año.
Claros de esta importancia medular de la educación y de la imperiosa necesidad de proteger el presupuesto requerido para ella, a fin de garantizar el desarrollo humano y la justicia social referidos, fue que el grupo de costarricenses que redactó nuestra Constitución en nombre del pueblo soberano definió un presupuesto justo que, en el devenir histórico se puntualizó en el 8 % del PIB como base económica de financiamiento, monto que lamentablemente no se ha logrado nunca pese a los vicios de inconstitucionalidad evidentes y reiterados, todo desde la justificación de que la condición fiscal del país no lo permite, y sin una clara metodología que faculte superar este estado lamentable, expuso el rector.
De acuerdo con Araya, la educación es un instrumento de movilidad social y, por lo tanto, constituye a uno de los recursos principales para superar las desigualdades que cada vez se marcan aún más en la sociedad.
Debemos procurar que nuestro modelo educativo sea tan universal, como gratuito; el acceso a la educación debe ser fácil e inmediato en todas las zonas geográficas del país y para cada uno de sus habitantes.
Las regiones menos favorecidas deben ser atendidas de manera prioritaria y adecuada para promover la superación de la brecha entre lo rural y lo urbano, agregó.
Ante esta situación, el rector aseguró que se está trabajando en una estrategia que ayude con el cumplimiento del mandato constitucional, la cual tome en cuenta otros aspectos como recaudación fiscal y temas afines que fortalezcan la educación pública.
Actualmente, el presupuesto educativo de 2025, corresponde a un 4,9 del PIB, es decir, el Gobierno no está presupuestando un 3,1 del PIB para alcanzar el porcentaje que ordena la Constitución Política.
Source
Rachell Matamoros
