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El psiquiatra Alberto Mora Ávila, médico del hospital de Puntarenas quien fue detenido ayer miércoles como sospechoso orquestar una red que cobraba hasta ₡450 mil a funcionarios públicos para otorgar incapacidades de meses, quedó en libertad.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó a crhoy.com que Mora fue separado de su cargo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras la petición elevada por ese despacho judicial.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública también impuso la medida cautelar de prohibirle al funcionario tener contacto con testigos. La resolución dictada anoche rige por el plazo de 6 meses.
Mora Ávila goza un salario que ronda los ₡3.5 millones, de acuerdo con los datos públicos de la CCSS. Tiene al menos 30 años de trabajar para el sistema de salud público e ingresó desde el año 1995 a la institución, según su perfil de la red social LinkedIn.
Se ha desempeñado en tratamiento en rehabilitación para trastornos psicológicos y drogadicción, así como consulta externa, hospitalización y emergencias. Además, tiene un consultorio médico privado, localizado en El Roble de Puntarenas.
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De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, este médico se dedicaba a a “vender” las extensas licencias médicas que costaban unos ₡150 mil por mes.
Sin embargo, hubo personas que llegaron a pagar montos de hasta ₡450 mil para conseguir incapacidades de hasta tres meses, aunque en ocasiones también otorgaba “descuentos” y cobraba menos.
Se presume que al menos 22 funcionarios públicos, principalmente del Ministerio de Educación Pública (MEP), lograban obtener las incapacidades a través de 3 métodos diferentes.
En el primer escenario, acudían al consultorio privado del psiquiatra de la Caja y allí los atendía su esposa, quien enviaba a los pacientes a emergencias del hospital Monseñor Sanabria para que el doctor especialista de emergencias, los remitiera al psiquiatra con una referencia.
La alternativa era acudir directamente a urgencias del centro médico porteño y buscar directamente a otro doctor apellido Solís, quien de nuevo, referenciaba a los pacientes al servicio de psiquiatría, pese a que no se registraba la consulta en el servicio de emergencias.
De forma más directa, había funcionarios que de una vez acudían a psiquiatría sin cita, donde en apariencia el encargado administrativo de apellido Ibrahain, les asignaba una consulta sin respetar la lista de espera.
Todo esto para conseguir una incapacidad, pese a que muchos pacientes no debían ser atendidos allí porque no son vecinos de Puntarenas.
En total, ayer se realizaron 7 allanamientos que se condujeron en las casas de 2 de los 3 funcionarios del centro hospitalario, ubicadas en San Miguel de Barranca y El Roble en Puntarenas. En esa localidad también se registró el consultorio privado del psiquiatra Mora Ávila.
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Otros 2 trabajadores del centro médico también son investigados: un emergenciólogo Carlos Solís Blanco y vecino de Esparza, quien tiene un salario de casi ₡3.3 millones. En apariencia él habría pedido dádivas para referir a usuarios que consultaban por privado al psiquiatra, para que fueran atendidos en el servicio público de salud.
A ellos se suma un tercer imputado de apellido Ibrahain, era el encargado de otorgar citas a través de la plataforma EDUS. Al parecer se otorgaba las citas de los casos referidos en tiempo récord, para que fueran atendidas por Mora. Solo el psiquiatra será detenido, informó FAPTA.
En cuanto a estos dos investigados, la Fiscalía señaló que se requiere de analizar la prueba recabada en los operativos, para proceder De momento, no han sido detenidos ni tampoco se les ha indagado.
Source
José Adelio Murillo
