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El viernes en horas de la mañana el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, se apersonó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para secuestrar un informe que elaboró la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos (DGREFPP) del órgano electoral, acerca de las presuntas irregularidades financieras que se habrían presentado en la campaña electoral del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Este documento que secuestró el fiscal del TSE este viernes, es la parte final de un informe preliminar que en junio de 2022 el máximo tribunal electoral remitió también al Ministerio Público en el cual se reveló un posible financiamiento paralelo de la campaña de Chaves y el PPSD por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera.
El informe preliminar que se envió a la Fiscalía en junio de 2022 contenía los hallazgos identificados hasta esa fecha por parte del DFPP del Tribunal. El informe advirtió de la existencia de un “esquema oscuro de financiamiento” electoral. De acuerdo con las conclusiones del TSE, de en ese momento, hubo indicios suficientes para identificar que el PPSD recibió donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras por medio de un esquema “oscuro de financiamiento”, auspiciado en estructuras paralelas, guras que son ilegales ante el Código Electoral.
Este último informe secuestrado este viernes, según el fiscal Díaz, consta de 10 tomos y otra documentación digital, la cual contiene datos que fueron recolectados mediante el levantamiento del secreto bancario y tributario de varias personas involucradas en el caso. El jefe del Ministerio Público explicó que, por contener este informe este tipo de información y porque entre los imputados por este caso hay miembros de los Supremos Poderes de la República, fue necesario que antes de su secuestro el Ministerio Público contara con el aval de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Díaz dijo que ese aval de la Sala Tercera se emitió este jueves y que por eso este viernes procedió con el secuestro de la información.
Añadió que ahora que este informe está en manos del Ministerio Público se procederá con su análisis para determinar si hay hechos delictivos que ameriten elevarse a juicio.
¿Quiénes están siendo investigados y por qué?
El viernes el fiscal confirmó una vez más que por este caso de aparente financiamiento electoral ilegal se investiga al presidente, Rodrigo Chaves Robles; al canciller de la República, Arnoldo André Tinoco y a los diputados Waldo Agüero Sanabria y Luz Mary Alpízar Loaiza.
La causa contra ellos se desarrolla bajo el expediente 22-000116-1218-PE y se tramita aparte de otra por tratarse de miembros de los Supremo Poderes de la República.
Además de este expediente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga a otras 6 personas en el caso de las presuntas irregularidades financieras de la campaña electoral de Chaves y el PPSD. En esta investigación figuran personas de apellidos Agüero Salazar, Chaves Zamora, Loeb Casanova, Quesada Gutiérrez, Torrealba Navas y Vásquez Landgreen. El Ministerio Público confirmó que a estas personas se les investiga por presuntos delitos sobre contribuciones privadas y financiamiento de partidos políticos del Código Electoral. La causa se sigue bajo el expediente 22-000210-0276-PE.
Esta investigación, el TSE la abrió en diciembre de 2021, hace ya poco más de 3 años. En junio de 2022 el órgano electoral remitió a la Fiscalía General un informe preliminar que se le había solicitado en enero de ese mismo año por parte de esa instancia judicial.
El TSE abrió esta investigación por un posible financiamiento paralelo de la campaña por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera. El informe preliminar que se envió a la Fiscalía en junio de 2022 contenía los hallazgos identificados hasta esa fecha por parte del DFPP del Tribunal, el cual indaga sobre el origen del dinero que financió la campaña de Chaves durante parte del 2021 y al margen de las finanzas del PPSD.
El informe advirtió de la existencia de un “esquema oscuro de financiamiento” electoral. De acuerdo con las conclusiones del TSE en ese momento, hubo indicios suficientes para identificar que el PPSD recibió donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras por medio de un esquema “oscuro de financiamiento”, auspiciado en estructuras paralelas, figuras que son ilegales ante el Código Electoral.
Una de estas estructuras consistía en la existencia del fideicomiso “Costa Rica Próspera”, creado por el presidente Chaves y el empresario Jack Loeb Casanova y administrado por Arnold André Tinoco, actual canciller de la República, y Alonso Vargas, a través de la firma de abogados ATA Trust Company (propiedad de André), por medio del cual se recibieron las donaciones para impulsar la campaña electoral de Chaves.
Entre los hallazgos, el TSE menciona además que se recibieron denuncias contra el equipo de campaña de Chaves por presunta falsificación de firmas y hasta legitimación de capitales.
El informe también señala que el Banco de Costa Rica emitió alertas al DFPP ante el ingreso de ¢100 millones de colones por medio de cheques a la campaña del PPSD, uno de los cuales fue ordenado por un joven de 25 años, identificado como Lin Hu De Sheng, quien además fue el principal comprado de bonos serie B de dicha agrupación política.
Source
Carlos Mora
