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Los teléfonos celulares del diputado socialcristiano Leslye Bojorges León, de la alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales, del actual viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Carlos Ávila Arquin y de Marlen Luna, ficha del gobierno de Rodrigo Chaves que ha ocupado varios cargos, fueron confiscados por las autoridades judiciales este miércoles.
Fuentes judiciales cercanas al caso confirmaron a crhoy.com que estos cuatro funcionarios de alto perfil figuran como parte de una investigación secundaria relacionada con el megacaso de fraudes y legitimación de capitales, denominado Madre Patria.
Transcurridas varias horas tras la incautación, poco a poco las autoridades políticas investigadas han ido respondiendo a los cuestionamientos. La que lo hizo de forma más extensa fue la alcaldesa de Occidente.
María Gabriela Jiménez aseguró que contra ella existe una “cacería y persecución política”, y calificó el decomiso como “show mediático y político”. Además de decir que sufrió “violencia”, negó estar vinculada al caso “Madre Patria”
Ni siquiera es una causa que está en mi contra, el imputado es un sujeto hombre y fuera de este cantón, fuera de ninguna relación con mi función pública como alcaldesa, yo no soy la imputada de este caso que se está investigando. (…)
Yo no estoy implicada en ese caso, yo soy una persona que no tiene cola que le majen y que no tengo nada que temer. Se me obligó incluso a desbloquear mi teléfono celular, cosa que yo no estaba obligada, pero en medio de tanto matonismo así lo fui a hacer.
La alcaldesa ramonense insistió en ser inocente y aseguró que recibió amenazas previo a lo ocurrido.
Por su parte, Carlos Ávila Arquin, viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial y directivo del Consejo de Transporte Público (CTP), se limitó a confirmar la incautación de su dispositivo.
“Efectivamente me decomisaron los dispositivos celulares, es un caso que está en investigación y colaboraré con las autoridades en todo lo que necesiten durante el proceso”, señaló Ávila, mediante la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Marlen Luna Alfaro, de 53 años, actual presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), también fue directora de Migración y Extranjería, así como viceministra de Gobernación y Policía en el actual Gobierno. A ella también le confiscaron su aparato.
Consultada por crhoy.com, la jerarca indicó que estaría en una cita médica y que no quería adelantarse sin conocer el expediente y los hechos que se investigan, por lo cual remitiría una respuesta formal mediante su encargada de prensa.
Finalmente, el diputado Leslye Bojorges realizará una conferencia de prensa al mediodía para referirse al decomiso, según informó la fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó la tarde de este miércoles que efectivamente se decomisó el dispositivo telefónico de la alcaldesa de San Ramón, con visto bueno de un juez y como parte de una investigación.
“Como parte del caso Madre Patria, se dieron el día de hoy 5 decomisos de celulares a 5 personas diferentes. Esto contando con una orden de un juez y también con la dirección funcional del Ministerio Público.
Es importante destacar que todas las acciones que realiza OIJ siempre se hacen dentro del marco regulatorio de este país. En este caso es una continuación o una ampliación del caso principal del caso Madre Patria”, explicó Zúñiga.
Fuentes separadas confirmaron la incautación a los demás jerarcas y figuras políticas, así como a una quinta persona que no ha sido revelada.
Crhoy.com solicitó al Ministerio Público más detalles sobre la eventual implicación de los funcionarios en el megacaso de fraudes Madre Patria o una causa penal relacionada, así como más información sobre la investigación, para conocer a qué respondió la diligencia del decomiso de celulares. La gestión continúa en trámite.
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Madre Patria fue calificado como un megacaso y a nivel operativo-policial, es el segundo expediente de investigación más complejo de los que ha manejado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Inicialmente fueron alrededor de 40 personas imputadas entre abogados de alto perfil, funcionarios judiciales, miembros de la Policía de Tránsito y el Consejo de Transporte Público, testaferros y dos cabecillas extranjeros de origen español
Aparentemente, conformaban una organización criminal que se dedicaba a fraudes registrales contra extranjeros y adultos mayores, para apropiarse de terrenos y posteriormente, legitimar el dinero mediante varios negocios como el transporte público de autobuses.
Gran parte de los sujetos descuentan un año prisión preventiva. El legajo de investigaciones el cual crhoy.com ha ido revelando en los últimos meses, se tramita bajo el número de expediente 22-005018-0042-PE.
Source
José Adelio Murillo
