Según medios israelíes, el Gobierno de Tel Aviv está preocupado por La Haya. En esa ciudad de Países Bajos se encuentra la Corte Penal Internacional (CPI), la que podría emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Joav Galant, y el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi.
El premier ya había comentado en X (Twitter) el pasado viernes 26 de abril sobre los posibles procedimientos penales, y señaló que mientras él gobierne, Israel no aceptará ningún intento del tribunal por socavar su “derecho a la autodefensa”.
¿De qué tipo de proceso se trata?
La Corte Penal Internacional solo investiga a individuos y solo actúa si una persona es sospechosa de haber cometido, desde una posición de poder, alguno de los siguientes crímenes: genocidio, guerra de agresión, crímenes de guerra graves o crímenes contra la humanidad.
De hecho, la CPI investiga presuntos crímenes de guerra israelíes desde 2021. Sin embargo, el tribunal también investiga a combatientes de Hamás por los mismos delitos. Asimismo, están en curso investigaciones sobre actos de violencia cometidos por colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.
También deben tenerse en cuenta los recientes acontecimientos en el conflicto entre Israel y Hamás, que comenzaron el 7 de octubre de 2023 cuando Hamás atacó a Israel y mató a cerca de 1.200 personas, además de tomar más de 240 rehenes. Hamás es considerado un grupo terrorista por diversos países, entre ellos los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos.
La respuesta militar israelí ha dejado desde entonces más de 34.000 muertos en la Franja de Gaza, según las autoridades locales lideradas por Hamás. Esta información no se puede verificar de forma independiente, pero Estados Unidos maneja cifras de fallecidos similares.
¿Puede la CPI investigar a ciudadanos israelíes?
En principio, la Corte Penal Internacional solo puede tomar medidas si los propios Estados no pueden o no quieren procesar los crímenes. Es poco probable que tribunales israelíes abran causas contra el jefe de Gobierno, sus ministros o altos mandos del Ejército, sobre todo debido al conflicto armado en curso.
Además, el Estado de origen del acusado debe reconocer al tribunal, algo que Israel no hace. Sin embargo, también se puede dar el caso de que el país donde se cometieron los crímenes sí reconozca a la CPI, como ocurre en el caso de los territorios palestinos.
Si ninguna de las zonas afectadas lo hace, solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede ordenar a la Corte que investigue por medio de una resolución, como fue el caso de Sudán y Libia.
¿Qué implicaría una orden de arresto?
Lo primero que hay que entender es que una orden de arresto no sería un veredicto, sino más bien una señal de que la CPI se toma las acusaciones lo suficientemente en serio como para investigarlas.
La CPI solo emite órdenes de arresto si los jueces consideran necesario que la persona en cuestión comparezca en una audiencia. Otra razón puede ser que los jueces teman que el acusado obstaculice el proceso o cometa más delitos.
Sin embargo, dado que la CPI carece de su propia fuerza policial para arrestar a los sospechosos, es muy poco probable que miembros del gobierno israelí sean juzgados en La Haya, aunque una orden de arresto restringiría fuertemente la libertad de movimiento internacional de Netanyahu y todos quienes sean buscados. Las 124 partes firmantes de la CPI están obligadas a arrestar a las personas buscadas si estas entran en su territorio, y luego entregarlas al tribunal.
Vladimir Putin, por ejemplo, se ha mantenido al margen de la mayoría de las reuniones internacionales desde que el tribunal emitió una orden de arresto en su contra, por el secuestro de niños ucranianos por parte de Rusia. El líder ruso solo puede viajar a países que no reconocen a la CPI.
¿Qué tiene que ver la posible orden de arresto con los cargos de genocidio contra Israel?
La investigación de la CPI no debe confundirse con la acusación de genocidio que han hecho algunos Estados contra Israel. Sudáfrica, entre otros, llevaron a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido a las miles de muertes que ha dejado el conflicto en la Franja de Gaza. La CIJ también está en La Haya, pero no investiga a personas ni emite órdenes de arresto, sino que ve casos entre estados.
A fines de enero de este año, la CIJ reconoció el “peligro de genocidio” en la Franja de Gaza. Sin embargo, la petición sudafricana de que Israel pusiera fin a las hostilidades no fue atendida. Después de esta decisión inicial, es probable que el juicio por genocidio continúe por meses, o incluso años.
