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La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón Fernández, deberá de rendir explicaciones por los cuestionamientos alrededor de la llamada “póliza de la impunidad y vergüenza”, con la cual con recursos públicos el Gobierno pretende proteger de demandas y procesos judiciales al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y a los altos jerarcas del Gabinete.
Este jueves la jerarca de la aseguradora estatal está convocada para que llegue a dar cuentas ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, en donde se abrió un expediente con una investigación por esta cuestionada contratación que costaría, en primera instancia, $248, 3 millones.
La sesión de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público a la que está convocada este jueves Chacón Fernández será a partir de la 1:15 p.m.
La cuestiona “póliza de la vergüenza e impunidad” fue revelada por crhoy.com desde el 25 de octubre. Desde ese momento y hasta la fecha, el presidente Chaves ha evitado referirse a los cuestionamientos generalizados en contra de esta contratación que se quiere hacer con recursos públicos.
La millonaria contratación fue frenada por el Poder Ejecutivo tras los cuestionamientos generalizados de los sectores políticos de que se intente pagar con recursos públicos.
El pasado 26 de noviembre, a pesar de un criterio de ilegalidad de la propia Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda, el Gobierno consultó su legalidad ante la Procuraduría General de la República.
Por esta póliza el presidente Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, enfrentan una investigación judicial en la Fiscalía General por el aparente delito de abuso de autoridad.
La póliza para Chaves y su Gabinete, además, fue denunciada ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
A su vez, la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
Semanas atrás en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso el vicepresidente, Stephan Brunner Neibig, admitió que él fue quien propuso al Gabinete que se hiciera esta contratación.
Entre tanto, la expresidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya Esquivel, en este mismo foro legislativo se abstuvo de declarar alegando que el caso está judicializado. Solo mencionó, en esa ocasión, que desde el 2010 el INS tiene registrado ante la Superintendencia General de Seguros (Sugese) un seguro de responsabilidad civil, pero que ninguna de las modificaciones de la nota técnica de esa póliza fue gestionada, aprobada ni revisada por ella durante su gestión.
Añadió que siendo presidenta del INS no promovió, recomendó, gestionó, aprobó ni autorizó el producto ofertado por la aseguradora estatal sobre esta póliza el 7 de octubre del pasado 2024.
Otro de los cuestionamientos que han surgido es que, aparentemente, el bufete de abogados Lexincorp, cuyo socio fundador es el actual canciller, Arnoldo André Tinoco, se vería beneficiado con el pago de la póliza. Así lo advirtió el diputado del Frente Amplio (FA), Ariel Robles Barrantes.
El congresista recordó que, en caso de que se apruebe la contratación de esta póliza, cada funcionario podría escoger al bufete y a los defensores de su interés para su defensa y que estos sean pagados con la millonaria póliza que se le quiere contratar al INS. En ese sentido Robles recordó que el abogado de Lexincorp, Alonso Vargas, es el defensor del presidente Chaves, pues actualmente el representante del Mandatario en varias de las demandas judiciales que enfrenta ante la Fiscalía General de la República.
Recientemente, el jurista y exfiscal general de la República, Francisco Dall’Anese Ruiz, aseguró que la cuestionada póliza es “un indicio claro de la penetración en el Gobierno” de grupos criminales y relacionados al narcotráfico.
El exfiscal coincidió con los detractores de esta póliza de que esta contratación es ilegal. Seguidamente, añadió que es motivo de alarma que en esta póliza se incluyera la cobertura para procesos de extradición, esto justo en momentos en que se aprobó en el Congreso una reforma constitucional para la extradición de personas señaladas por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
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Carlos Mora
